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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará este jueves su informe sobre el anteproyecto de ley de libertad sexual, conocida como "ley del sólo sí es sí", un dictamen que se espera muy crítico con los aspectos claves del texto diseñado por el Ministerio de Igualdad.

El órgano de gobierno de los jueces, tras varias prórrogas para estudiar la norma y a las puertas de su renovación, tiene entre sus manos ya un borrador de informe preparado por tres ponentes y que cuestiona tanto la definición de consentimiento como la decisión de acabar con la distinción entre abuso y violación.

Se avecina el enfrentamiento con Igualdad, ya que la ministra, Irene Montero, aseguró este martes en el Senado que la ley saldrá adelante aunque el CGPJ se oponga a algunos de sus ejes.

"Si el CGPJ vuelve a hacer como en 2004 en la ley contra la violencia de género y se opone al grito de las mujeres de que no es abuso, es violación, y de que el consentimiento tiene que estar en el centro, el Gobierno hará lo mismo que en 2004: legislar para garantizar que erradicamos todas y cada una de las violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", afirmó.

El informe redactado por los tres ponentes, dos de ellos del considerado sector progresista del Consejo, subraya que el Código Penal vigente ya considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo y considera "innecesaria" la definición que se hace en el anteproyecto diseñado por Igualdad.

Alerta de que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima puede comportar una "inversión de la carga de la prueba", dañar la presunción de inocencia y contribuir a una revictimización de la mujer; y advierte de que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves.

La propuesta de informe incluye también críticas a la técnica legislativa del anteproyecto de Igualdad, que fue aprobado ya hace un año por el Consejo de Ministros y que difícilmente podrá ser remitido al Parlamento para el 8 de marzo, Día de la Mujer, como pretendía Irene Montero.

La elaboración del texto derivó ya el año pasado en uno de los primeros encontronazos entre los socios del Gobierno de coalición, con desavenencias expresas entre Igualdad y Justicia.

Montero ha expresado su confianza en que en 2021 estén en marcha todas las herramientas disponibles "para combatir de forma decidida todas las formas de violencia contra las mujeres".

La ley del "sólo sí es sí" va mucho más allá de una revisión de los delitos sexuales y articula la prevención, atención, sanción, especialización y reparación a todas las víctimas de violencias sexuales.

Los delitos sexuales, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la pornografía no consentida y el feminicidio sexual se considerarán violencias machistas, como marca el Convenio de Estambul.

Para luchar contra la industria de la explotación sexual, se castigarán el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, es decir, lucrarse del alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres.

El anteproyecto ya ha sido analizado por el Consejo Económico y Social (CES), que también pidió a Igualdad "depurar la técnica jurídica" y garantizar los medios económicos para proteger a las víctimas; y por el Consejo Fiscal, que avaló el anteproyecto por unanimidad, pero recomendó asimismo aclarar la redacción del consentimiento.