EFESan Salvador

La Comisión Política del Congreso de El Salvador convocó este viernes a los representantes de las víctimas de violaciones a derechos humanos registradas durante la guerra civil (1980-1992) para escuchar su postura sobre una iniciativa de ley de "reconciliación nacional".

Esta convocatoria se da después de que este órgano de Estado frenara la noche del jueves la votación de dicha legislación ante el rechazó de casi una veintena de organizaciones sociales, Naciones Unidas y embajadores de la Unión Europea (UE).

Además de los representantes de las organizaciones y sobrevivientes, los diputados recibirán el próximo lunes a delegados de dos universidades, la Iglesia católica y militares retirados.

El punto más cuestionado de la iniciativa es la imposición de penas excarcelables a quienes sean condenados por crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado y la prohibición de decretar prisión preventiva a los procesados.

Según las organizaciones de derechos humanos, esta propuesta, que inicialmente contaba con el apoyo de cuatro partidos, es una "amnistía encubierta".

Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió el miércoles que la ley podría traducirse en una "amnistía de facto".

El presidente electo, Nayib Bukele, aseguró en sus redes sociales la noche del jueves que el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) "se quedó solo" en el intento de aprobación de la referida ley.

Señaló que esta situación se dio tras la declinación de varios diputados de los partidos derechistas Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional (PCN) de dar sus votos.

Con el abandono de estos legisladores, según Bukele, no se alcanzaban los 43 votos de los 84 diputados necesarios para aprobar la ley.

La polémica iniciativa surgió tras un año de trabajó de un cuestionado grupo de diputados, formado por exguerrilleros y militares retirados, encargado de estudiar las implicaciones de la anulación de una ley de amnistía por un fallo de la Corte Suprema en julio de 2016.

La Sala de lo Constitucional del Supremo ordenó al Congreso, en el fallo que anuló la amnistía de 1993, crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.

Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, que estarían en peligro por la ley que prepara el Congreso, según las organizaciones.

Entre los procesos reabiertos se encuentran la causa por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989).