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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha dicho este jueves que han tramitado desde principio de año y hasta el pasado lunes más de 26.000 actuaciones (quejas colectivas, individuales y de oficio y solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, la mayoría por la crisis sanitaria.

Fernández Marugán ha comparecido en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso para presentar un resumen de las actuaciones realizadas con motivo de la pandemia.

Las peticiones para presentar los recursos de inconstitucionalidad son 618 y aluden a los decretos que implantan los dos estados de alarma y sus prórrogas, en marzo y octubre, por considerar, en algunos casos, que se han quedado cortos y, en otros, ser demasiado duros al eliminar algunos derechos.

Ha explicado que, tras sus consultas con las administraciones y centros, han detectado la necesidad de reforzar la Atención Primaria y hospitalaria y terminar con la precariedad y la temporalidad laboral de los sanitarios.

A su juicio, la crisis ha agudizado las carencias del Sistema Nacional de Salud, "cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos", como la debilidad de la Atención Primaria; la fragilidad de los servicios de urgencias hospitalario; el problema crónico de las listas de espera de especialidades y la insuficiente atención pública a la salud mental".

Ha afirmado que es urgente mejorar la coordinación interterritorial, puesto que "la salud no conoce fronteras o límites territoriales" y ha abogado por crear una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.

Fernández Marugán ha hecho referencia a la situación económica y social por la pandemia y ha instado a alcanzar un acuerdo político y económico-social para evitar un aumento de la contestación social y de la crispación política, si bien ha valorado la aprobación de las ayudas y prestaciones y ha advertido que requieren una gestión ágil para cubrir las carencias de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La Institución mantiene abiertas actuaciones por las dificultades estructurales en el SEPE, por las incidencias en la tramitación de prestaciones de los ERTE y por los problemas derivados de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, ha indicado.

Ha aludido a quejas por lo ocurrido en las residencias de mayores y ha reclamado a las comunidades autónomas un sistema de monitorización y de alerta temprana y que cada centro tenga un plan de contingencia.

Tras recordar que llevan tiempo examinándolas y que han pedido reformas normativas "de calado" y una revisión del modelo, ha demandado más dotación de personal y mejor formado, que se mejore la asistencia sanitaria y que se incremente la capacidad inspectora de las autonomías para vigilar su correcto funcionamiento.

En cuanto al ámbito educativo, Fernández Marugán ha dicho que es "ineludible" superar la brecha digital para garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado.

Ha indicado que muchas familias tuvieron que hacer un gran esfuerzo y adquirir dispositivos electrónicos, lo que no debería haber ocurrido ya que, "son las administraciones las que deberían dotar a los alumnos de los medios tecnológicos para cursar unos estudios que son obligatorios y gratuitos".

A preguntas de los portavoces del PP y Vox sobre la cifra real de fallecidos por la covid y que la Institución puede acceder a ellas, Fernández Marugán ha indicado que se dirigió al Ministerio y al INE.

Ambos, ha continuado, le dieron las cifras oficiales de fallecidos en este período pero sin determinar la causa, aunque le consta que el INE esta "cerca" de hallar el procedimiento, que no va desvelar, para poder discernir las muertes por covid.

Les ha recriminado que esas muertes, también las ocurridas en las residencias de ancianos, sirvan para alimentar el conflicto político y ha dicho que no cuenten con él para ello.