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El Ministerio de Derechos Sociales confía en aprobar este martes con las comunidades autónomas el nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia, que cuenta con el respaldo de entidades sociales y profesionales de los cuidados.

El ministerio que dirige Ione Belarra ha convocado para este martes el Consejo Territorial de Derechos Sociales para aprobar el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, después que se aplazara su votación el pasado mes de mayo por falta de consenso ante el rechazo de ocho comunidades.

El nuevo modelo de acreditación de centros y residencias reduce las plazas de los centros de mayores para hacerlos lugares parecidos a hogares y con un trato personalizado. También establece mayor número de trabajadores de atención directa en función del número de residentes, así como las condiciones laborales y de titulación de los profesionales.

Las residencias que se construyan tras el acuerdo no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas, mientras que las ubicadas en localidades de densidad intermedia no podrán superar las 90 y las 120 plazas en las ciudades.

Para las que ya existen, deberán adaptarse y crear unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.

El Gobierno ha recabado en los últimos días el respaldo de organizaciones de personas mayores y con discapacidad, además de expertos en la atención a personas mayores, geriatras y gerontólogos.

También el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para pedir el apoyo de los grupos políticos, a los que aseguró que la propuesta del Gobierno no invade competencias autonómicas.

"Confío en que seremos capaces de aprobar esta propuesta del Gobierno negociada durante meses y que es crucial; la financiación no puede ser una excusa", ha destacado Álvarez este lunes en 24 horas de RTVE, quien ha destacado que fija un plazo de transición hasta 2030.

El responsable de Derechos Sociales ha recordado que el Gobierno revirtió el primer año de legislatura los recortes del PP en este ámbito, el segundo año duplicó el presupuesto de la atención a la dependencia; "en esta legislatura se van a incorporar hasta 5.000 millones adicionales en el ámbito de la dependencia".

"Pero es necesario un paso más, resolver las carencias estructurales y las debilidades del modelo residencial y eso significa dotarnos de una nueva hoja de ruta para la próxima década". EFE

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