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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se ha comprometido hoy en nombre del Gobierno a cumplir la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre los programas del 0,7 por ciento del IRPF destinados a acción social.

Así lo ha dicho en el Congreso, en la sesión de control y en respuesta a una pregunta del diputado del PDeCAT Carles Campuzano, a quien la ministra ha recordado que en la recaudación última del 0,7 de acción social Cataluña recibió unos 31 millones de euros para que 150 entidades del Tercer Sector de la comunidad impulsaran 387 programas de ayuda a los más vulnerables.

Pero Campuzano ha hecho hincapié en resaltar lo que considera un incumplimiento sistemático del Gobierno de las sentencias del alto tribunal, hasta doce, así que ha exigido al Ejecutivo que "deje de dar lecciones en exigir el cumplimiento de las leyes".

El proceso hacia la independencia ha ocupado el trasfondo de la pregunta del diputado catalán.

"La reflexión política es que ustedes deben dejar de dar lecciones en cumplimiento de leyes y sentencias, su discurso en esta materia no tiene ninguna credibilidad. Deben reflexionar, porque hay una mayoría en el Parlament de Cataluña que reclama el derecho a decidir y son incapaces de entenderlo", ha relatado.

Sobre el asunto de la pregunta, el portavoz adjunto del PDeCAT ha reivindicado llevar la gestión de las subvenciones sociales del 0,7 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas; es lo que establece el Tribunal Constitucional.

Así que ha solicitado al Gobierno que "no se invente excusas legales" como ha hecho ante las últimas sentencias para "eludir el cumplimiento de la ley", lo que debería dar "vergüenza".

Montserrat ha recordado a Campuzano que el TC, en dicha sentencia, estima parcialmente el recurso de la Generalitat de Cataluña sobre los criterios en los que ahora se apoya el reparto de las subvenciones: es el Gobierno el que efectúa la distribución entre entidades sociales de todo el país.

Ha esgrimido en su favor la última sentencia del Tribunal Supremo al respecto, que daba la razón en parte al Ejecutivo por cuanto se recauda dinero de ciudadanos de todas las comunidades, y tras ello, ha proclamado que quien no debe "dar lecciones" es la Generalitat o los partidos catalanes que la apoyan.

La ministra, cuyo Departamento es el que hace el reparto de estas subvenciones sociales, se ha comprometido, no obstante, a cumplir la sentencia del Constitucional "respetando las competencias de las comunidades autónomas y garantizando el principio de solidaridad".

Es un debate, a su juicio, que está por encima de los territorios, sino que habla de personas.