EFELondres

El Reino Unido ha abierto esta semana una ventana a una parte oscura de su pasado con la reanudación de una investigación oficial sobre presuntos abusos infligidos durante décadas a menores a cargo de instituciones británicas.

La Investigación independiente sobre abusos sexuales infantiles en Inglaterra y Gales, que fue autorizada por el Gobierno en 2014, comenzó finalmente el pasado lunes, después de varios intentos previos frustrados por dimisiones de alto nivel.

Tratará de determinar hasta qué punto y de qué modo las instituciones públicas y privadas del país, como orfanatos, colegios religiosos, hospitales o las Fuerzas Armadas, fueron negligentes a la hora de proteger a los niños a su cargo, en los años tras la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los 70.

También se analizará si la Policía o los Gobiernos de la época encubrieron estas prácticas, y denuncias concretas contra políticos y personalidades que presuntamente abusaron impunemente de niños en situación vulnerable.

La pesquisa, que tomará declaración a cientos de víctimas, se sigue con gran interés porque presumiblemente abrirá una caja de Pandora de actividades ilícitas que pudieron tener lugar con el consentimiento tácito del Estado.

En su cuarta inauguración, preside la investigación la catedrática Alexis Jay, que toma las riendas tras la polémica renuncia de sus tres antecesoras: la exjueza Elizabeth Butler-Sloss, que dimitió por sus conexiones con el poder de la época; la abogada Fiona Woolf, que era del círculo social de algunos de los presuntos sospechosos, y la jueza neozelandesa Lowell Goddard, que supuestamente fue cesada por mala gestión.

Jay inició la primera fase de la pesquisa, que durará en total unos cinco años, con un repaso a uno de los episodios más crueles de la historia nacional, el Programa de los niños migrantes, por el que miles de menores huérfanos o de familias pobres fueron trasladados a excolonias británicas como Nueva Zelanda, Canadá o Rodesia del Sur (Zimbabue) con la promesa de una vida mejor y para promover la población de raza blanca.

Se calcula que entre 7.000 y 10.000 menores fueron trasladados a Australia tras la Segunda Guerra Mundial, aunque el infame programa de reubicación infantil comenzó mucho antes, en 1618.

El panel investigador pudo escuchar esta semana el duro testimonio de algunos de estos niños, hoy adultos, que fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos en las instituciones religiosas o familias que les acogieron.

La huérfana Marcelle O'Brien relató que, a los cuatro años, fue sacada por las autoridades del hogar de su familia de acogida en el Reino Unido, contra la voluntad de su cuidadora, para ser enviada a Australia, donde cayó en manos de unas personas que la castigaban y la sometieron a abusos sexuales.

"Estaba (en Inglaterra) en una familia cariñosa que me cuidaba. Nunca conocí a mi madre biológica. Ustedes me robaron todo eso", declaró.

Un hombre de 70 años que testificó bajo anonimato explicó que se le separó de su madre y se le colocó en centros de acogida ingleses hasta ser enviado en 1958 a la escuela agrícola Fairbridge de Pinjarra, en Australia.

Allí "cada día era día de violación", por parte de curas, el granjero y los internos de más edad, dijo la víctima, que lamentó que vive con ello "siete días a la semana y veinticuatro horas al día".

Clifford Walsh, de 72 años, contó cómo fue violado y golpeado cuando estaba en Bindoon Boys Town, una institución católica dirigida por los Hermanos Cristianos.

"No teníamos padres, no teníamos parientes, no podíamos ir a ningún sitio... Estos 'hermanos' -estos pederastas- debían pensar que estaban en el paraíso", manifestó.

El Gobierno de Australia se disculpó en 2009 por la crueldad mostrada con estos niños inmigrantes, y el Reino Unido lo hizo en 2010, además de abrir un fondo para indemnizaciones de seis millones de libras (7 millones de euros).

Auspiciada tras salir a la luz los abusos sistemáticos cometidos por el fallecido presentador de la BBC Jimmy Savile, la investigación presidida por Jay, que no establecerá responsabilidades penales o civiles, remitirá los datos relevantes a la Policía y emitirá recomendaciones para asegurar la protección infantil en la actualidad.

Tras escuchar las declaraciones de los menores expatriados a antiguos territorios del imperio, el panel investigador pasará en los próximos meses a examinar los testimonios de víctimas de otros sectores.

Judith Mora