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2018 ha sido un año "controvertido" para la libertad de expresión en España, donde a los periodistas se les ha atribuido el deber, que no les corresponde, de custodiar casos bajo secreto sumarial y se ha usado la revelación de secretos como "arma arrojadiza" contra ellos, denuncia Reporteros sin Fronteras (RSF).

Esta es una de las conclusiones del Informe Anual 2018 que elabora la sección española de RSF, que considera "especialmente llamativo" la actuación del juez del caso Cursach, que requisó los teléfonos de periodistas del "Diario de Mallorca" y Europa Press e investigó un año las llamadas de la delegación de la Agencia Efe en Baleares y de una redactora que cubría información de tribunales.

El balance que deja 2018 de la situación en el mundo de la libertad de información es de 65 periodistas asesinados y 13 internautas y 5 colaboradores murieron, mientras que 171 periodistas permanecen encarcelados y 148 internautas y 16 colaboradores están presos.

Además, 60 periodistas permanecen secuestrados y 3 desaparecidos.

El informe, publicado este viernes en su web y que será presentado a la prensa a mediodía, lamenta también el "exceso" de condenas que se han dictado el pasado año amparadas en delitos como enaltecimiento del terrorismo, ofensa a los sentimientos religiosos o injurias a la Corona, lo que ha generado "un clima con demasiadas rigideces" para el libre ejercicio de la expresión y la información.

No con el mismo nivel de crispación que en 2017, pero Cataluña volvió a ser testigo durante el pasado año de un "clima de hostilidad" con los periodistas al trasladarse la "polarización extrema" que vive la política catalana a los medios, cuyos profesionales acaban siendo "las principales víctimas de las tensiones para informar".

Así, el informe cita el ataque al periódico digital "Cróónica Global", la "brutal" agresión sufrida por el fotoperiodista Jordi Borràs, los puñetazos recibidos por un cámara de Telemadrid cuando cubría una protesta contra los lazos amarillos, los hostigamientos en el aniversario del 1-O a los reporteros de televisiones españolas y las "muestras de agresividad" que vivieron periodistas de medios catalanes el 12 de octubre.

Unos incidentes que, según advierte RSF, "están lejos de haber terminado" por lo que hace un llamamiento a que la situación se normalice y a que los medios colaboren para ello.

En su informe, la organización también quiere llamar la atención sobre la "siempre aplazada" reforma de la conocida como "Ley Mordaza", una norma que el PSOE se comprometió a derogar cuando estaba en la oposición pero que "sigue vigente y en pie, penalizando a ciudadanos anónimos y periodistas".

Respecto a los medios públicos, RSF critica que las "rencillas" entre los grupos parlamentarios han hecho "imposible aún" la aplicación de la nueva ley de elección de cargos de RTVE, y aunque considera que el nombramiento de una Administradora única provisional "ha calmado temporalmente las aguas", urge que se desbloquee el "desacuerdo partidista" sobre el concurso público.

Y recuerda además el "polémico sesgo independentista" que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) aplica a sus contenidos informativos y la "decepcionante" renovación de sus órganos de Gobierno.