EFEGranada

El encarcelamiento esta mañana de Juana Rivas en un centro de inserción social de Granada para cumplir dos años y medio de prisión pone fin a un largo recorrido judicial desde que, en verano de 2017, se negara a entregar a sus hijos a su expareja.

Esta vecina de Maracena (Granada), que justo antes de ingresar ha manifestado que en quien repercute especialmente esta condena es en sus hijos, estuvo un mes con ellos en paradero desconocido con el argumento de protegerlos frente a su expareja y padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, quien en el 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en el 2016.

Esos hechos, enjuiciados por el Juzgado de lo Penal 1 y sobre los que luego se han pronunciado tanto la Audiencia de Granada como el Tribunal Supremo, han conllevado una condena firme por parte de este último órgano por un delito de sustracción de menores, además de la pérdida de la patria potestad.

La decisión de no entregarlos a su padre, con quien compartía entonces la custodia de los menores, se tradujo inicialmente en una condena a cinco años de cárcel por sustracción de menores, una sentencia que obtuvo una fuerte contestación social desde el movimiento feminista y que, tras su confirmación por parte de la Audiencia de Granada, el Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio.

"Estos son momentos muy difíciles. Voy a ingresar en prisión. Jamás en mi vida hubiera pensado que nos pasaría algo así. Creo que principalmente esta condena es para mis hijos. Voy a cumplir con una decisión que considero muy injusta, pero que no voy a desobedecer", ha indicado Rivas este viernes en un comunicado remitido por su abogado.

Juana sigue sosteniendo que no tuvo más remedio que entregar a sus hijos a Arcuri porque la justicia así se lo exigió, mientras que su denuncia por maltrato contra su expareja estuvo en cambio trece meses "guardada en un cajón".

"Para después de 30 meses más ser archivada sin escucharme siquiera", ha lamentado Rivas, quien asegura tener "fe y esperanza" en que el Gobierno le conceda el indulto y que insiste en que seguirá luchando por sus hijos y por que se le reconozcan también sus derechos en Italia.

Carlos Aránguez, que asumió su defensa ante el Supremo, ha dicho que su equipo jurídico hará "todo lo posible para que su ingreso sea lo más cómodo y breve posible", unas vías legales que pasan por la resolución de los recursos que ha presentado contra el auto de encarcelamiento y también por la petición de indulto al Gobierno.

En esta última medida de gracia, que ya tramita el Ejecutivo central, mantiene "fundadas esperanzadas" dado que cuenta con el respaldo de más de 60 organizaciones públicas y privadas y el apoyo público de altos cargos de la administración "que coinciden en que se debe suavizar todavía más la condena impuesta".

Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, ha considerado por su parte que el ingreso de Rivas en un centro de inserción social en lugar de en una prisión es "el único beneficio" al que podría acceder, y ha sostenido que "no es merecedora de ningún otro" por no haber mostrado "ningún arrepentimiento" en todo este tiempo.

Una vez que ha ingresado en el CIS Matilde Cantos de la capital granadina, Instituciones Penitenciarias se encargará ahora de la clasificación que la corresponda a Rivas según su pena para determinar si debe permanecer en ese centro o bien en una cárcel.

Al encarcelamiento de Juana se ha referido la ministra de Igualdad, Irene Montero, para manifestar, tras conocer este asunto y el hallazgo del cadáver de Olivia, la niña de Tenerife secuestrada por su padre junto a su hermana, que "para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia para dar donde más duele a las mujeres hay que defender a Juana Rivas o Irune Costumero".

En los últimos años la batalla judicial de Rivas se ha mantenido en distintos órganos judiciales, también por cuestiones de competencia, tanto de la jurisdicción de España como en la de Italia.

Este último país ha sido el que concedió la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pudiera verlos un fin de semana de cada dos si vivía en Italia o uno de cada cinco si residía en España.

Los niños residen con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas finalmente acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos al padre.