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Las principales asociaciones defensoras de la enseñanza concertada han lamentado el agravio que supone haber excluido de las ayudas acordadas en la Comisión del Plan de Reconstrucción Social tras la covid "al 25% del sistema educativo español" y temen que se trate de un paso hacia su supresión.

En un comunicado conjunto, las principales asociaciones de padres, sindicatos e instituciones titulares de la enseñanza concertada han reaccionado ante lo que califican de "flagrante discriminación" a una parte de la sociedad española en las conclusiones de la comisión para la Reconstrucción Social, que se votarán el próximo día 22.

"Es obvio que se está aprovechando la debilidad del PSOE para hacer avanzar el programa de extrema izquierda de Podemos en contra de un servicio que se presta tanto desde la enseñanza pública como desde la enseñanza concertada, tal y como reconoce la propia LOE (artículo 108)", interpretan.

También critican que la Comisión haya dado "un paso preocupante que segrega a alumnos, familias, profesores e instituciones con una mayoría simple y con la ausencia de Vox, digna de mencionar en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo".

Sostienen que las conclusiones sobre el ámbito educativo "suponen un claro agravio para el 25% de nuestro sistema educativo", que incluye a alumnos, familias y profesores, y pueden llevar a la "asfixia de instituciones que no tendrán medios para seguir manteniendo sus proyectos educativos".

Rechazan además que la enseñanza concertada sea elitista, "como algunos pretenden hacer creer a la sociedad", y defienden que es "social, que refleja la pluralidad familiar, sociolaboral, económica, ideológica, cívica, cultural y religiosa de la sociedad española actual".

Por ello apuntan que excluirla de esas ayudas "es una clara segregación impropia de democracias europeas que promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favorecer una libertad de elección real".

Temen además que las conclusiones aprobadas sean el preludio de una futura ley de educación que adolece de la misma falta de consenso que sus promotores denunciaron en la LOMCE.

"Familias, profesores e instituciones educativas están trasladando a nuestras organizaciones su enorme malestar ante esta situación", señalan, al advertir que no se descartan "movilizaciones o acciones jurídicas, siempre y cuando no se perciba un compromiso que, más allá de las palabras vacías, garantice que no se van a hurtar los derechos de millones de españoles".

El comunicado lo suscriben Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera).