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Un juez del Tribunal de Trapani, en Sicilia (sur) decidirá a partir de mañana si se abre un proceso contra 21 personas, miembros de la tripulación del barco Iuventa de la ONG alemana Jugend Rette y de otras tres organizaciones humanitarias, bajo la acusación de favorecer la inmigración ilegal con sus rescates en el Mediterráneo central.

La Fiscalía de Trapani quiere llevar a juicio a los miembros de la tripulación de Iuventa Kathrin Schmidt, Sascha Girke, Dariush Beigui y Uli Tröder, a dos jefes de equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF), Matthias Kennes y Stephan Van Diest, además de a cooperantes de Safe The Children y VROON, y armadores de barcos humanitarios.

El principal delito por el que están imputados es el de complicidad con los traficantes de inmigrantes, durante las operaciones de rescate realizadas en el Mediterráneo central entre 2016 y 2017 y que podrían tener penas de hasta 20 años de cárcel.

La Fiscalía considera que las ONG mantenían contacto con los traficantes que les comunicaban cuando salían de las costas de Libia y su posición en el mar.

A su llegada a Lampedusa tras un rescate en agosto de 2017, el barco Iuventa fue incautado y la fiscalía de Trapani abrió varias pesquisas contra decenas de personas y finalmente se cerró la investigación con los 21 acusasdos.

Amnistía Internacional y otras organizaciones comunicaron que seguirán desde mañana la audiencia preliminar que se celebrará en Trapani para que se garanticen la Justicia.

“La tripulación de Iuventa salvó la vida de más de 14.000 personas que buscaban seguridad, interviniendo donde Europa estaba fallando, hasta que el barco fue incautado en agosto de 2017. El caso contra estos rescatistas debe ser desestimado y se deben retirar todos los cargos", explicó Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional.

“La afirmación de la fiscalía de que las personas rescatadas no estaban en peligro real es absurda: estaban en botes superpoblados y en malas condiciones para navegar, en un tramo de agua que se ha cobrado miles de vidas", añadió De Pieri en un comunicado.

El abogado de los cuatro imputados de Iuventa, Nicola Canestrini, consideró que se trata de un "proceso político" y consideró que las "transcripciones de las escuchas realizadas fueron adquiridas de manera ilegal" y que "incluso se ha escuchado ilegalmente conversaciones entre los investigados y sus abogados y periodistas".

Asimismo, alegó que en las 29.000 páginas de las transcripciones incluidas en el sumario "no existe ninguna prueba de contactos entre la tripulación y traficantes"

En un comunicado, la ONG alemana afirmó que los acusados ??están recibiendo un amplio apoyo para exigir la terminación inmediata del juicio.

Artistas, líderes de la Iglesia, miembros del Parlamento Europeo y organizaciones de como Amnistía Internacional, el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) y la Asociación de Estudios Legales sobre Inmigración (ASGI), están pidiendo retirar los cargos y poner fin a la criminalización de la solidaridad con las personas migrantes.