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La Dirección General de la Policía mantendrá en su cargo al director del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), Antonio Montes Rodríguez, han informado a Efe fuentes del Ministerio de Interior.

Esta decisión se produce después de que este martes 150 entidades sociales entregasen en este ministerio un escrito en el que pedían el cese "inmediato" del director por las "violaciones" de derechos denunciadas por los residentes y "corroboradas" por los tribunales.

El mismo martes, fuentes del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska informaron a la Agencia Efe de que no podía cesar a los directores de los CIE salvo por causas disciplinarias, alegando que no eran cargos de libre designación sino que se accedía a ellos por concurso.

Una información errónea de la Dirección General de la Policía que ha corregido este viernes el ministerio, precisando que los directores de los CIE sí son cargos de libre designación y que, por lo tanto, pueden ser cesados con carácter discrecional, según han aclarado a Efe.

En el documento entregado el pasado martes, las organizaciones sociales exponían la necesidad "urgente" de poner fin a la situación del CIE de Aluche y "prevenir" nuevos hechos como los dos denunciados en el último mes por la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en funciones de control del CIE, que en sendos autos ordenó investigar actuaciones policiales ocurridas" por posible delito de tortura".

En una de ellas se hizo a los internos "un cacheo en el patio en condiciones climatológicas muy deficientes, bajo la lluvia, durante mucho tiempo, utilizando unas medidas de seguridad rígidas y desproporcionadas", según explicaron fuentes de las organizaciones sociales, que recordaron que "no en todos los sitios hay videovigilancia".

"Muchos internos no se atreven a denunciar los episodios por miedo a que su situación dentro del CIE empeore", aseguraron.

Además, el pasado 10 de junio, el citado Juzgado de Madrid pidió que se investigara la agresión sufrida por un interno con un objeto contundente por parte de un agente de policía no identificado en la noche del 27 de abril, cuando se encontraba en el dormitorio, por un posible delito de "tortura".

En relación con estas acusaciones, Interior aseveró que en estos centros se "garantiza de forma efectiva" el derecho de los internos, y que en caso de que se registre el ingreso de una persona enferma, con dolencias o vulnerable, se comunica al Juzgado de control del CIE y al que dispuso el internamiento.

También se informa de cualquier otro traslado a centro médico o asistencial de los internos que, "habiendo entrado sin menoscabo físico o psíquico alguno, han de ser enviados a reconocimiento de cualquier tipo", según las mismas fuentes.

En cuanto a las notificaciones de las expulsiones, las fuentes de Interior aseguran que "se cumplimentarán y se llevarán a cabo con el tiempo de antelación previsto en diferentes autos judiciales y siempre con un mínimo de doce horas diurnas".

Además, inciden en que en el centro de Aluche se ha ampliado el horario del comedor (mínimo 30 minutos) y los policías van plenamente identificados ya que, en caso contrario, se aplica el régimen disciplinario al agente.

El pasado mes de junio, el directo del CIE remitió un escrito a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que enumeraba una serie de medidas que se habían adoptado en el centro para garantizar los derechos de los internos.

Entre ellas, el derecho a comunicarse con familiares y allegados, la obligación de los policías de ir identificados, el derecho de los internos de ser informados sobre la ejecución de su deportación o el derecho a la aplicación inmediata del derecho de asilo.

Además, según el director del CIE, se comunica al juzgado cualquier ingreso de una personas enferma o vulnerable, y recuerda que el funcionamiento de estos centros está sujeto al control del Defensor del Pueblo.

En este momento en el CIE de Aluche están ocupadas 145 plazas de las 214 disponibles. EFE

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