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La vivienda ha desbancado al desempleo como principal factor de exclusión social por primera vez en la última década, y ya son dos millones de ciudadanos, el 4 por ciento de la población, los que viven con la incertidumbre y el temor a quedarse sin casa.

Es una de las conclusiones del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado este miércoles por esta fundación vinculada a Cáritas, según el cual 8,5 millones de personas, el 18,4 % de la población, se encuentran en exclusión, lo que supone 1,2 millones más que en 2007. El 80 % son españoles y el 20 % inmigrantes.

Para 4,1 millones, esa exclusión es severa; dentro de ellos se encuentran los “expulsados” de la sociedad, que hoy son 1,8 millones de ciudadanos, el triple que los 600.000 que lo estaban antes de la crisis.

La vivienda ha vuelto a convertirse en el principal desencadenante; ya lo fue antes de la crisis, cuando el desempleo le arrebató el puesto, pero ahora ha regresado "con cifras mucho más altas".

Así, el alquiler se ha encarecido un 30 % en dos años, el 11% de la población se queda bajo el umbral de la pobreza una vez ha sufragado los gastos derivados de la casa y el 4%, dos millones de personas que viven en 800.000 hogares, lo hacen con la incertidumbre de quedarse sin un techo.

La causa es la concatenación de varias, desde los precios del alquiler a los elevados gastos de mantenimiento del hogar o el número de personas que lo habitan, ha argumentado el coordinador de la investigación, Guillermo Fernández.

Y la consecuencia es que, al igual que el empleo es una “realidad sesgada” entre activos y parados, la vivienda polariza ahora a quienes tienen una en propiedad y los que viven de alquiler.

Respecto al empleo, éste ha pasado de ser un derecho a ser un privilegio, aunque no exime del riesgo de caer en la pobreza; así, el 14 % de los trabajadores está en exclusión social. Y el 37 % de los excluidos en el empleo, además, lo están también en la vivienda.

Sin embargo, según ha explicado el secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, la tasa de exclusión se sitúa ya muy cerca del 16 %, que era la que había antes del estallido de la crisis -durante la cual se superó incluso el 25 %-.

Pero ello no significa que “hayamos vuelto a la casilla de salida porque las condiciones de vida son peores que hace diez años”. “Se han producido heridas que no se han curado”, ha lamentado.

“Es la sociedad estancada, para los que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir ni siquiera a la primera planta”, ha añadido Fernández.

Hay un dato positivo, y es que “la sociedad integrada” que representa a un colectivo que “no vive excesivos problemas” ni tiene dificultades para sobrevivir sí que se ha recuperado y supone el 48,4 % de la población, 23 millones de personas.

Aunque esta sociedad se divide en otras dos: la de las oportunidades, que engloba a dos tercios de los ciudadanos acomodados y que ya muestran “cierta fatiga de la solidaridad”, y la insegura, formada por seis millones de españoles que “se mueven en el filo de la navaja” y que intuyen que “serán los primeros en caer” de desatarse otra crisis económica.

Las mujeres son las principales afectadas por la exclusión: necesitan trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre -dos si son inmigrantes- y se ven más obligadas a tener que reducir los gastos de suministro de la casa cuando son ellas las que sustentan el hogar.

Son las familias con niños y los jóvenes los que están más expuestos a ella; de esta forma, el 33 % de las familias numerosas y el 28 % de las monoparentales están en exclusión y uno de cada cinco hogares con niños también.

Todo ello sin olvidar los efectos que tiene en la salud: el 30 % de las personas con discapacidad sufren esta situación, -el 16 % de forma severa, el doble que el resto-, el 8,8 % de la población ha tenido que dejar de comprar medicamentos y el 15 % no puede acceder a un tratamiento bucodental.

O en los servicios públicos, ya que, por ejemplo, no se ha recuperado el gasto sanitario anterior a la crisis, sobre todo en dependencia, y las prestaciones por hijo a cargo apenas han subido cinco céntimos mensuales en los últimos doce años.

El informe también pone de manifiesto un desplazamiento geográfico de la exclusión, de forma que la tradicional panorámica “norte rico-sur pobre” ha sido sustituida por el eje sur-mediterráneo, algo que Fernández ha achacado principalmente a la escasez de plazas residenciales como vivienda y centros de mayores en las comunidades más turísticas.

Ante todo ello, la sociedad española sigue apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de protección social, pero presentan "cierta fatiga de la compasión".

“La gestión insolidaria de la crisis y el individualismo están hipotecando nuestro futuro”, ha censurado Fernández, que ha querido concluir lanzando este debate “cívico” a los partidos políticos: “hoy que están finalizando los pactos, cómo vamos a recuperar a esos 1,8 millones de expulsados?”