EFESantiago de Compostela

Laos familiares de las víctimas que dejó el descarrilamiento de un tren Alvia el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos, continúan 6 años después de la tragedia buscando "responsables" e insistiendo en la petición de una investigación técnica de carácter independiente y tutelada por técnicos europeos.

Así las cosas, el portavoz de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha vuelto a reclamar este miércoles, en declaraciones a los periodistas durante una manifestación celebrada en Compostela, la apertura de una investigación técnica "independiente, como reclama la Unión Europea" y "tutelada por técnicos europeos".

"Es básico para que se depuren el resto de responsabilidades y que esta investigación independiente se incorpore al proceso judicial", afirmó.

"Es terrible que tengamos que seguir con esta lucha y no nos permitan pasar página y saber la verdad. Esto dice muy poco de nuestras instituciones", dijo Domínguez, que expuso la desconfianza en el futuro Gobierno para avanzar en la investigación. "Va en contra de sus intereses, no tenemos ninguna confianza", apostilló.

Esta mañana, en la estación de tren de la capital gallega, numerosas personas convocadas por la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, han protagonizado una nueva marcha hasta la emblemática Plaza del Obradoiro, donde se han vuelto a concentrar un año más para reclamar de nuevo una investigación independiente del accidente.

Por la tarde, y tras una misa en la Colegiata de Sar, el lugar de la concentración será Angrois, el nombre del barrio compostelano que quedará marcado para siempre en su memoria por ser este el lugar en el que descarriló el convoy procedente de Madrid el 24 de julio de 2013.

Se sienten ofendidos y no ocultan su estado de desazón. Durante el último año han tenido la oportunidad de intervenir en la comisión de investigación del accidente en el Congreso de los Diputados pero solo se les permitió hacerlo a puerta cerrada, una decisión que insisten en calificar de "antidemocrática, un escándalo y una afrenta más a víctimas y familiares".

El Juzgado de Instrucción número tres de Santiago cerró la investigación del siniestro registrado en la curva de A Grandeira, en Angrois, con dos investigados, el maquinista Francisco José Garzón Amo y el por aquel entonces director de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, a los que se les imputan ochenta delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia grave profesional.

El mismo auto también sobreseyó el caso para el exdirector de Seguridad en Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, el gerente del área de Seguridad en la Circulación del noroeste del ADIF, Fernando Rebón, y tres técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco.

Las víctimas aguardan ahora el auto de apertura de juicio oral -que prevén para otoño- y en el que esperan más imputaciones o, al menos, que llamen a declarar a diferentes cargos de Renfe.

La comisión de investigación del accidente en el Congreso de los Diputados se cerró este año sin conclusiones, pero la asociación de víctimas no descarta volver a solicitar una nueva cuando se decrete la apertura de juicio oral "y se vea claramente que no dependió sólo del maquinista, sino que tanto Renfe como el ADIF tienen su responsabilidad", ha remarcado.

A su vez, la Comisión Europea (CE) abrió en enero de este mismo año un procedimiento de infracción a España por considerar que sus procedimientos de seguridad ferroviaria no cumplen con la normativa comunitaria.

A pesar de que el procedimiento se refiere a la aplicación de esta normativa entre finales de 2017 y principios de 2018 -cuando se realizaron las auditorías que dieron lugar al expediente-, las víctimas entienden que, si no se cumplía en 2018, tampoco se estaría cumpliendo en 2013, cuando tuvo lugar el accidente.