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Este domingo se cumple un mes desde que se conoce el primer fallecimiento por COVID-19 en la Comunidad de Madrid, una mujer de 99 años e interna en una residencia. Desde entonces, las muertes de ancianos han aumentado en estos centros respecto a meses anteriores y uno de cada cuatro han tenido problemas por casos de coronavirus.

Todo ello en medio de la angustia y el sufrimiento de las familias, que no pueden visitar a sus seres queridos desde antes del estado de alarma para evitar contagios ni tampoco despedirse de ellos en caso de deceso tras la suspensión de velatorios y cualquier otro acto fúnebre.

La falta de pruebas del COVID-19 hacen imposible saber con certeza la causa de las muertes en ancianos y población general, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estima que en marzo un total de 3.000 mayores han perdido la vida en residencias -no exclusivamente de coronavirus-, frente a los mil de media que se registran al mes.

Entre 100 y 125 residencias de mayores de la región -de un total de 475- han tenido problemas por casos de coronavirus (26 %), según Díaz Ayuso.

Con 4.483 fallecimientos, la región madrileña sigue liderando la trágica lista de la pandemia en el país y también la de contagios (34.188), aunque este viernes por primera vez descendió el número de ingresados en las UCI.

Confrontando la cifra de los casi 4.500 muertos en la Comunidad de Madrid en lo que va de pandemia con los 2.000 fallecimientos adicionales de ancianos durante el mes de marzo, el 44 % correspondería a ancianos, pero es un cálculo aproximado dado la imprecisión de los datos y la falta de confirmación oficial.

Numerosas residencias han pedido auxilio a la Administración ante la falta de materiales de protección, las recurrentes bajas laborales por contagio y las enormes dificultades para encontrar personal de reemplazo.

Entre las residencias con un mayor número de fallecimientos -al menos de las que informan, porque la mayoría de ellas ha optado por no hacerlo por temor a dañar su imagen- están la de Vitalia de Leganés -con 50 muertos, 43 de ellos con síntomas de coronavirus-; la residencia pública de Las Rozas, con 46 muertos; y la de la Santísima Virgen y San Celedonio de Madrid, con 30.

La Administración regional ha activado un plan de choque en las residencias que atraviesan una situación más crítica y hasta la fecha ha asumido ya la dirección de trece centros.

El criterio para la selección responde a las inspecciones de los profesionales sanitarios, personal de la Dirección General del Mayor, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El funcionario encargado de dirigir las residencias intervenidas por la Comunidad de Madrid llevará un control exhaustivo y diario de la evolución del centro, está autorizado a participar "activamente" en la toma de decisiones y podrá hacer uso de todos sus recursos y personal.

Además deberán mantener las residencias abiertas, no pudiendo cerrar, reducir o suspender actividades o contratos laborales, salvo que la Consejería de Políticas Sociales determine que su actividad "no es imprescindible".

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado ha archivado las diligencias de investigación que abrió por la muerte de ancianos en distintas residencias en España y dejó estas pesquisas en manos de las Fiscalías territoriales correspondientes.

Considera que al haber abierto ya diligencias las fiscalías provinciales en los lugares en los que se ha producido el hallazgo de ancianos muertos en residencias ha decaído el objeto de las que se abrieron en su momento por parte de la Fiscalía General.

Marina Segura