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El Gobierno ha aprobado este martes al anteproyecto de la ley del aborto, que reforma la legislación vigente para blindar este derecho en la sanidad pública y otros sexuales y reproductivos de la mujer, como incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.

Esta, precisamente, ha sido una de las medidas que más debate ha abierto en los últimos días sobre una ley que acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, un requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la norma vigente de 2010.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado convencida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que la gran mayoría de los jóvenes y mujeres con discapacidad confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den este paso, pero ha insistido en que la decisión será suya.

En total, las medidas incluidas tendrán un coste aproximado de 104 millones de euros.

EL DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR SOBRE SU CUERPO

Una ley, que según ha dicho la ministra, garantiza el derecho de la mujer "a decidir sobre su propio cuerpo" y que es "la puerta de entrada" a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos de vida.

La norma, que será tramitada de urgencia con lo que los pasos se acortarán a la mitad, amplía la actual y acaba con los "obstáculos" a los que se enfrentaban las mujeres que querían interrumpir su embarazo.

LOS CENTROS PúBLICOS, LA RED DE REFERENCIA

La sanidad pública será "la red de referencia" para abortar, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.

La ley hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico).

Se eliminan los tres días de reflexión: "Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, y el Estado no duda de la decisión de las mujeres cuando esté tomada", ha asegurado Montero.

La ley contempla la atención durante el proceso de posparto y también que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.

INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGLAS DOLOROSAS

La ley incluye el derecho la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer.

Fuentes de Igualdad han explicado que para acceder a este derecho, en el historial clínico de la mujer debe constar que padece de este problema a través del especialista, para que el médico de familia pueda conceder la incapacidad.

Esta medida que tendrá un coste asociado de 23,8 millones de euros.

"Se acabó empastillarse antes de ir al trabajo y ocultar que tenemos un dolor que nos incapacita", ha abundado la ministra; de hecho, el texto aprobado incluye un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual en todas las etapas de la vida.

La ley incluye asimismo el derecho a la incapacidad temporal en la semana 39 del embarazo, con un coste de 57 millones de euros, y también por aborto, con un coste de 7,5 millones de euros, según han detallado fuentes de Igualdad.

En los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales, organismos públicos, etc., se repartirán gratuitamente productos como tampones, compresas o copas menstruales, con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS Y ANTICONCEPTIVOS

El anteproyecto, trabajado codo con codo con el Ministerio de Sanidad, amplía el acceso gratuito de la píldora del día después de los hospitales y centros de salud a los centros de nueva creación de salud sexual y reproductiva. Además, se creará una línea telefónica para informar de todos los derechos incluidos en la norma.

La anticoncepción ocupa un capítulo especial del anteproyecto, que establece que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013 tras años incluidas en el catálogo.

EDUCACIÓN SEXUAL EN TODAS LAS ETAPAS

La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, pero también en prevenir enfermedades de transmisión sexual, tal y como ha dicho la ministra.

GESTACIÓN SUBROGADA

La ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.