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Numerosas organizaciones de defensa de la infancia han solicitado la modificación del reglamento de extranjería para que los menores migrantes no acompañados se integren de manera efectiva en la sociedad y puedan tener una transición sencilla a la vida adulta.

En una carta dirigida a la Secretaría de Estado de Migraciones, las organizaciones han pedido que se modifiquen los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños, niñas y jóvenes que han llegado solos a España y que han estado bajo la guarda y/o tutela de las comunidades autónomas.

Entre los firmantes, Aldeas Infantiles SOS, la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, la Asociación Noves Víes, la Asociación Progestión, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPS), la Federación Andalucía Acoge, la Federación Estatal de SOS Racismo, Fundación Raíces, la Merced Migraciones, Pueblos Unidos – Servicio Jesuita a Migrantes y Save the Children.

Las organizaciones consideran que ha de redactarse una nueva regulación reglamentaria que permita que estos niños sean considerados en situación administrativa regular a todos los efectos sin disponer de tarjeta de residencia, cuenten automáticamente con la autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años, con vigencia hasta los 18 años y que sean documentados con una cédula de inscripción tramitada de oficio en caso de no tener pasaporte.

También quieren que se renueve su autorización de residencia y trabajo acreditando su incorporación al mercado de trabajo y que accedan a la autorización de residencia de larga duración tras haber estado dos años bajo la tutela de una administración.

A su juicio, es necesaria la "modificación exhaustiva" de los artículos 196, 197 y 198, 148, 190 y 211 del texto reglamentario.

Según estas organizaciones, la actual legislación no respeta los compromisos internacionales suscritos por España, no permite cumplir el marco normativo interno que decreta el interés superior del menor como consideración primordial, ha provocado múltiples deficiencias en su aplicación práctica y no responde a las necesidades reales de los niños.

Por su parte, el sindicato CCOO ha exigido al Ministerio del Interior la renovación automática de los permisos a personas extranjeras solicitantes de protección, refugiadas o apátridas al igual que la Secretaría de Estado de Migraciones ha hecho con los trabajadores extranjeros en España.