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Grupos de derechos civiles de Florida condenaron este martes que el Gobierno de Joe Biden reabra un polémico centro de detención de Homestead, al sur de Miami, que llegó a albergar 2.500 niños inmigrantes y fue cerrado en 2019 por el Gobierno de Donald Trump tras presiones de organizaciones de derechos humanos.

"Es indignante" subrayó Lis Marie Alvarado, directora de American Friends Service Committee (AFSC) en un comunicado sobre una reapertura del centro, considerado por Amnistía Internacional (AI) como "cruel" e "ilegal".

"La detención de niños inmigrantes es una práctica repugnante, moralmente indefendible que debe terminar", expresó por su parte Oliver Torres, de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC).

"Estamos profundamente decepcionados de que la Administración esté lista para reabrir esta prisión, especialmente mientras hay opciones más humanas disponibles", agregó.

En el mismo sentido se pronunció Alvarado, al criticar que mientras el presidente Biden "pide la 'unidad familiar', esté abriendo un centro de detención" cerrado por las condiciones de hacinamiento y la falta de un plan de seguridad y evacuación en caso de un huracán, entre otros.

La organización citó versiones de prensa sobre la reapertura del centro, ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Miami y que fue uno de los mayores del país.

El Departamento de Salud (HHS) de EE.UU., sin embargo, no se ha pronunciado oficialmente sobre la reactivación del lugar.

El Partido Demócrata de Miami-Dade señaló en un comunicado que el centro de detención debe permanecer cerrado.

"Los activistas de Miami-Dade lucharon incansablemente para cerrar esta instalación, e instamos a la administración de Biden a reconsiderar su reapertura", subrayó en un comunicado.

Destacó que entienden las complicaciones de albergar a menores no acompañados durante la pandemia, pero señaló que "una prisión no es una alternativa adecuada".

Alvarado recordó que la actual vicepresidenta del país, Kamala Harris, visitó el albergue cuando era senadora, como lo hicieron muchos otros congresistas para denunciar el estado de los menores.

Entre ellos, la entonces congresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell, que denunció que hubo cuatro acusaciones de abuso sexual contra el personal del albergue y que tres de los empleados renunciaron o fueron despedidos, según un informe de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

"Esto es imperdonable. La detención de niños es dañina, criminal y una violación de sus derechos humanos", manifestó Alvarado.

Agregó que los menores serán detenidos en un lugar que "podría exponerlos a sustancias químicas tóxicas de un sitio Superfund", en referencia a un terreno que se encuentra bajo un programa federal de limpieza debido a la contaminación con sustancias peligrosas.

La activista indicó además que "hay un ruido excesivo de los aviones que despegan y aterrizan en la cercana pista de la Base de la Reserva Aérea de Homestead".

"Bajo ninguna circunstancia, ningún niño, niña o adolescente, ya sea acompañado o no, debe permanecer en un centro de detención. En cambio, deben reunirse con sus familias. Condenamos el centro de detención de Homestead. Lo cerramos antes y lo haremos de nuevo", subrayó.