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Dragados, la empresa concesionaria del mantenimiento de varios túneles madrileños que han estado cerrados al tráfico en las últimas semanas por su mal estado, ha empezado a trabajar en la reparación de las filtraciones comenzando por los de Pío XII, plaza de Castilla y Sor Ángela de la Cruz.

Según han confirmado a Efe fuentes municipales, la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid trató de quitar temporalmente la concesión porque no reparaba los túneles "ha abandonado su posición de pasividad y ha comenzado a trabajar" desde el pasado lunes.

El Ayuntamiento estima reabrir esta misma semana los túneles de plaza de Castilla y Sor Ángela de la Cruz.

Dragados también ha iniciado los trabajos en el túnel de Pío XII. El tubo sur -sentido avenida de Burgos y M-30- podría abrir la semana que viene pero el Ayuntamiento ve "difícil" precisar una "fecha exacta" para la apertura de la zona Norte -sentido Monforte de Lemos- ya que también depende de unos trabajos que Adif está haciendo.

Una vez terminadas las obras en Sor Ángela y plaza de Castilla, Dragados comenzará a reparar el resto de túneles: María de Molina, Azca y Puerta de Toledo.

Los tribunales de lo contencioso-administrativo ratificaron a finales de febrero su decisión de suspender la resolución del Ayuntamiento de Madrid de retirar a Dragados la gestión de varios túneles, decidida, según el Gobierno local, por la negativa de la empresa a reparar estas infraestructuras.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), José Manuel Clavo, acordó el 9 de febrero el secuestro temporal de la concesión y declaró la emergencia de las obras necesarias para la apertura de los túneles secuestrados que se adjudicaron a la empresa Aceinsa, una decisión que la empresa recurrió y no se llegó a acometer.

Tras el rechazo por la vía judicial de la decisión del equipo de Manuela Carmena, el área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) ha abierto dos expedientes de penalidades por no mantener los túneles y su consiguiente cierre al tráfico.

Los dos expedientes de penalidades derivan del incumplimiento del contrato de mantenimiento de los túneles María de Molina (por el cierre durante once días seguidos desde el 15 de diciembre) y plaza de Castilla.

En total, según ha dicho la portavoz municipal Rita Maestre en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento quiere imponer sanciones por valor de 900.000 euros por esos dos casos concretos, aunque en este momento está pendiente del proceso de alegaciones.

Además, la Secretaría General de Conservación de Vías Públicas e Infraestructuras está preparando los informes para penalizar a la empresa por los posibles incumplimientos en el resto de túneles, un proceso que seguramente estará finalizado la próxima semana.

El Ayuntamiento considera que la negativa de Dragados a ejecutar las obras que habrían permitido la apertura de los túneles perjudicó a los túneles madrileños, motivo por el cual se recurrió la decisión judicial que le impedía secuestrar la concesión.

Sin embargo, los juzgados consideran que las obras de reparación en los túneles que reclama el Ayuntamiento pueden ser ejecutadas por la propia Administración local con la posibilidad de repercutir el gasto con posterioridad a la firma concesionaria.

Según el Ayuntamiento, las obras pendientes en los túneles son muy sencillas de ejecutar y consisten en la sustitución de canaletas por las que circula el agua. Las obras se consideran de "urgencia máxima" ya que el cierre de estas vías genera muchos problemas de atascos.

Las medidas de cierre total o parcial de los túneles, adoptadas por seguridad por la presencia de agua, solo pueden ser levantadas una vez que se realicen las obras necesarias para reparar las filtraciones.