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La Fiscalía del Supremo ha citado al alcalde de Tortosa (Tarragona) y diputado en el Congreso por el PDeCat, Ferrán Bel, para que comparezca voluntariamente la semana que viene ante esta institución y explique si está apoyando el referéndum independentista catalán.

La notificación, apoyada en la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat del apercibimiento hecho por el Tribunal Constitucional a todos los alcaldes de que deben respetar la suspensión del referéndum o podrían incurrir en desobediencia, se ha cursado a través de la fiscalía de Tarragona y no señala ningún día concreto.

Fuentes fiscales han confirmado a Efe esta información y han explicado que, de negarse a comparecer el diputado, no sería posible obligarle a acudir ante el fiscal, dado que está aforado y solo se podría proceder contra él previo suplicatorio ante el Congreso y a través del Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio instrucciones el pasado 15 de septiembre a los fiscales del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que procedan a la citación en calidad de investigados (imputados) de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista catalán y tienen la condición de aforados por ser parlamentarios.

En concreto, pidió que se citara a declarar ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por PDeCat, Ferrán Bel, y ante la del TSJC a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Seu d'Urgell, Valls y Vilanova i la Geltrú, Marc Solsona, Albert Batalla, Albert Batet y Neus Lloveras, respectivamente.

Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como imputados por firmar decretos para ceder locales al Govern de la Generalitat para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre.

Debido a su aforamiento, los diputados autonómicos solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán y el diputado nacional por el Tribunal Supremo.

Así, Maza se ha dirigido al fiscal superior de Cataluña y al fiscal jefe de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que procedan a incoar diligencias de investigación para determinar si esos ayuntamientos cooperan en la organización del 1-O y para citar como investigados a los cinco alcaldes.

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió de forma cautelar la convocatoria del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre.

Lo hizo el pasado 7 de septiembre, al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra las resoluciones adoptadas ayer por el Parlament y el Govern.

El TC, a instancias del Ejecutivo, advirtió de la obligación de respetar esta decisión a los 947 alcaldes catalanes, además de a todos los miembros del Govern y a más de 60 altos cargos de la Generalitat; a la Mesa del Parlament y a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros.