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El Gobierno y una alianza opositora de Nicaragua convinieron este lunes redactar los preacuerdos para la implementación de los temas consensuados relativos a la liberación de los denominados "presos políticos" y el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas.

Ese fue uno de los puntos acordados por las partes en la mesa de negociación con la que se busca una salida a la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos, dijo a periodistas el portavoz de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Pallais.

Los negociadores de la Alianza Cívica, junto a los delegados del Gobierno de Daniel Ortega, redactarán un documento que servirá de base para la implementación de los acuerdos ya alcanzados, explicó Pallais.

"Estos acuerdos de implementación no estarán siendo firmados hasta que se concluya con toda la negociación", apuntó.

Aclaró que las partes convinieron hacer público los acuerdos hasta que firmen el acuerdo general, en fecha que no precisó, y mientras no tendrán ningún valor esos preacuerdos.

Las partes acordaron en marzo pasado la liberación, como fecha límite el próximo 18 de junio, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018; y fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.

Pallais afirmó que los testigos y acompañantes de las negociaciones propusieron liberar el 30 de mayo a los "presos políticos" que aparecen tanto en la lista del Gobierno como de la oposición, y hasta el 18 de junio al resto.

El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla participan como testigos y acompañantes del proceso en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.

Los delegados del Gobierno no ofrecieron declaraciones tras salir del encuentro.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que cumplirán con los acuerdos que se han tomado en la mesa de negociación, "en el marco de nuestra Constitución y nuestras Leyes".

El Ejecutivo y la Alianza Cívica culminaron el 3 de abril la negociación para superar la crisis sin acuerdos en temas de verdad, justicia, reparación y no repetición; democratización; el mecanismo para la implementación de los acuerdos; y hacer un llamado conjunto a la suspensión de sanciones generales contra Nicaragua.

Las partes dejaron, sin embargo, la puerta abierta para seguir las conversaciones, las que han mantenido desde entonces de forma irregular, sin acuerdos concretos.

Las negociaciones han estado estancadas debido a la exigencia del Gobierno a que la oposición pida la suspensión de sanciones generales, incluida una ley estadounidense conocida como "Nica Act".

La "Nica Act" fue firmada el pasado 20 de diciembre por el presidente Donald Trump y contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de la población del país centroamericano.

La "Nica Act" sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación estadounidense.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.