EFETegucigalpa

Un juzgado de Honduras resolvió hoy elevar a juicio una causa contra un expolicía y un investigador, presos desde 2017 presuntamente por aportar pruebas falsas para desviar las pesquisas en la investigación del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, cometido en 2016.

La medida fue adoptada por un juzgado de Tegucigalpa, a cargo de la causa contra el investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcángel Rosales, aunque todavía no hay fecha señalada para el juicio, indicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Cruz y Rosales están presos desde noviembre de 2017 y son acusados por el delito de "inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos", añadió.

De acuerdo con una investigación realizada por fiscales, los detenidos presentaron "pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista", precisó el organismo hondureño.

Dos de esas pruebas falsas, según las investigaciones, eran la declaración de un supuesto "testigo protegido", así como "una grabación que fue adulterada".

Cáceres, quien era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa, y el único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.

La primera hipótesis de su muerte fue "el robo", sin embargo, las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) descartó ese extremo después de que en mayo de 2016 capturó a cuatro presuntos implicados en el crimen, entre ellos Sergio Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA).

Esa investigación fue sustentada mediante "prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista, así como las relacionadas a la interceptación a comunicaciones con control jurisdiccional", señaló el Ministerio Público.

Berta Cáceres se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

El Ministerio Público indicó que un total de nueve personas han sido detenidas por el crimen de Berta Cáceres, de ellas ocho se sentaron en el banquillo de los acusados el 20 de octubre.

La familia de Cáceres y su defensa han condenado que el tribunal de sentencia dejara al Ministerio Público como representantes de las víctimas al determinar que habían abandonado el juicio.

Los abogados que llevan el caso de Berta Cáceres presentaron el 19 de octubre pasado una nueva recusación contra el tribunal de sentencia, por lo que no se presentaron ese mismo día a la audiencia para iniciar el juicio.

Su muerte causó gran conmoción en el mundo de los defensores del medioambiente y también de los derechos humanos.