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La opositora Coalición Nacional buscará expandir sus estructuras en los 153 municipios de Nicaragua con miras a las elecciones generales del próximo año, en la que esperan vencer al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder desde enero de 2007.

Esa será una de las primeras medidas de esa gran coalición luego de que ayer los cuatro partidos políticos y tres organismos cívicos que la integran firmaran los estatutos que regirán ese grupo, que tiene como fin sacar, vía electoral, al presidente del país, Daniel Ortega, del poder, dijo a Efe Jesús Tefel, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la Coalición.

"La firma de los estatutos abre la posibilidad de empezar a concertar la coalición a nivel territorial, que no solo se quede a nivel de cúpula, que baje a municipios, comarcas, barrios, frente al reto que nos presenta la dictadura, de no hacernos fácil la organización", indicó.

La Coalición Nacional busca sacar a Ortega de la Presidencia por la vía pacífica, es decir, por medio de elecciones, sin embargo, creen que deben crear condiciones para que estas sean "justas, libres, transparentes y observadas".

"Hay dos perspectivas importantes: la técnica y la política. En cuanto lo técnico, es lo inmediato, que se empiecen a conformar grupos de trabajo, para cumplir con la ruta necesaria para (ejecutar) los procesos. En lo político, es acabar con la dictadura, los 'presos políticos', las elecciones", señaló Tefel.

De acuerdo con la Coalición, las reformas al sistema electoral serán tan importantes como su fiscalización, pues temen que se repita la experiencia de 2018 y 2019, cuando Ortega se comprometió a cumplir con la Constitución, liberar a los "presos políticos", y respetar los derechos humanos, pero que nunca cumplió en su totalidad, según los opositores.

"Eso es muy importante, porque de qué sirve eso (reformas electorales), si no podés organizarte, no podés reunirte", razonó Tefel, quien subrayó que se debe actualizar el padrón electoral, hacer una entrega masiva de documentos de identidad, y cambiar a los magistrados que regirán los comicios.

Según la legislación de Nicaragua, sus ciudadanos deben ir a las urnas para elegir a sus autoridades el primer domingo de noviembre de 2021.

Los opositores creen que estas deben adelantarse para que retorne la democracia al país, después del estallido social de abril de 2018 que dejó cientos de muertos y desaparecidos, miles de heridos y de presos, y decenas de miles en el exilio.

Las demandas de los opositores son interpretadas por Ortega, que contuvo a la fuerza las manifestaciones antigubernamentales de hace dos años, como intentos de "golpe de Estado".