EFEBuenos Aires

El exministro argentino de Planificación Federal Julio de Vido, detenido desde hace una semana por su presunta implicación en casos de corrupción, fue procesado hoy en una causa por supuesto fraude en obras de gasoductos de la constructora sueca Skanska, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por el juez federal Santiago Casanello, quien también dictó el procesamiento, entre otros, del exsecretario de Obras Públicas José López, detenido por otra causa desde junio de 2016.

De Vido, ministro durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), fue detenido el pasado 25 de octubre tras presentarse voluntariamente ante los tribunales de Buenos Aires minutos después de que el Parlamento argentino le quitara sus fueros como diputado nacional.

El desafuero había sido solicitado por el juez Luis Rodríguez, quien investiga un presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en Río Turbio, en la sureña provincia de Santa Cruz, que nunca se llevó a cabo, y por el juez Claudio Bonadio, que lleva adelante una causa por el presunto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado.

En la denominada "causa Skanska", De Vido y López fueron procesados por presunta administración fraudulenta y cohecho.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez también procesó al exdirector de Nación Fideicomisos (subsidiaria del estatal Banco Nación) Néstor Ulloa, a varios directivos de Skanska, representantes de empresas de facturación falsa y otros intermediarios.

La investigación se inició en 2006 a partir de denuncias de supuestos sobreprecios en obras de ampliación de gasoductos bajo control del Ente Regulador del Gas (Enargas) en las que intervino la constructora sueca con la financiación del fideicomiso administrado por el Banco de la Nación Argentina.

Según recordó el CIJ, la licitación pública que debía realizarse como procedimiento regular de contratación no se realizó, se modificó por un concurso privado, al cual se invitaron a unas pocas empresas para participar del procedimiento de adjudicación.

Si bien el caso había sido cerrado, en abril de 2016 la Cámara Federal de Casación resolvió su reapertura y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, pidió la indagatoria de, entre otros, De Vido y López, quienes han rechazado los cargos.

Durante el proceso judicial, se invalidó como prueba y luego se admitió como tal una grabación en la que un directivo de Skanska daba detalles del pago de sobornos a funcionarios públicos a través de un sistema de facturación falsa montado en el marco del proyecto de ampliación de gasoductos.

En el auto de procesamiento dictado hoy, el juez señala que la modificación del procedimiento de contratación había sido el "punto significativo" a partir del cual se dio lugar a los sobreprecios de las obras.

Las diferencias entre los precios presupuestados para las obras y lo pagado se calculan en 185 millones de pesos (10,3 millones de dólares), aunque las obras que comprendieron los tres contratos de Skanska ascienden a 82 millones de pesos (4,6 millones de dólares).

Según detalló el CIJ, "los sobornos que se pagaron, de acuerdo al egreso que se acreditó de la empresa Skanska, rondarían los 14 millones de pesos" (unos 786.500 dólares).

Casanello dio por acreditado que De Vido había diseñado un esquema de delegación de funciones que le permitió determinar, a través de López y el Enargas, las maniobras para direccionar la adjudicación de las obras a Skanska y a otras empresas.

Por su parte, según el juez, Ulloa "era quien disponía del dinero para el pago de las obras, fue el encargado de aprobar junto con otros funcionarios los incrementos de presupuesto y de recibir sobornos en retribución".

"Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento", informó el CIJ.

Según la investigación, los sobornos se pagaron entre noviembre de 2004 y abril de 2006 mediante cheques con origen en facturas apócrifas emitidas por empresas que imputaban falsamente costos -por bienes y servicios no prestados- a las obras de ampliación de los gasoductos.EFE

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