21 dic.- Todo el mundo conoce a las Abuelas de la Plaza de Mayo, estas mujeres argentinas valientes y luchadoras que siguen buscando a los niños robados y adoptados ilegalmente durante el régimen militar de 1976-1983.

El pasado 3 de agosto, la asociación de las Abuelas recuperó al "nieto 128". ¡128 de 500! Un suceso de esta naturaleza, cada vez que ocurre, es celebrado con la movilización entusiasta del país y con una enorme atención mediática desde numerosos rincones del orbe.

En Guatemala no hay un equipo de fútbol famoso, tampoco existen las Abuelas de la Plaza de Mayo. Sin embargo, en el año que llevo trabajando en ese país, he conocido asociaciones y activistas locales incansables, auténticos héroes de la sociedad civil, que merecerían un reconocimiento planetario. Han permitido con pocos recursos unos 922 reencuentros de los 5.000 niños desaparecidos durante el conflicto armado con sus familias.

¡922 desde fines de los años noventa! Y han logrado unas 4.000 inhumaciones de personas desaparecidas, algunas de ellas identificadas, lo que ha permitido ahorrar un sufrimiento enorme a sus allegados. Tras estas cifras existen unas realidades poco conocidas pero que deben llamarnos poderosamente la atención.

Destaco tres de ellas: la magnitud del conflicto en Guatemala, la importancia de los reencuentros e inhumaciones, y la falta de un mecanismo eficaz que contribuya a mejorar la búsqueda de los desaparecidos.

Primero, la magnitud del conflicto: 5.000 niñas y niños desaparecidos, 45.000 personas en total. O sea, un guatemalteco desaparecido durante más de tres décadas cada ocho horas, lo que conlleva consecuencias graves en el tejido social de este hermosísimo país pero, a la vez, herido.

Segundo, hoy siguen ocurriendo tanto hallazgos de restos humanos en fosas como los reencuentros de quienes durante el conflicto eran niños y ya ahora son adultos. He participado en algunos y esas ocasiones me han permitido vivir momentos increíbles, espectaculares, esperanzadores, inimaginables, profundos, muchas veces duros, siempre especiales, en los que contrasta la honda emoción de quienes los protagonizan con la casi absoluta indiferencia de la opinión pública.

Cuarenta y cuatro reencuentros tuvieron lugar en 2017, ya más de 36 en lo que va de 2018. La mayoría de las separaciones se habrían perpetrado en suelo guatemalteco pero también varios niños fueron llevados en otros países de norte América y particularmente en Europa. Además, setecientas inhumaciones se produjeron en los últimos dos años, lo que da idea de que las búsquedas son un reto que pervive en la Guatemala de hoy.

Tercero, el proceso de búsqueda de una persona desaparecida podría hacerse mucho más rápido, con más recursos, y con una Comisión Nacional de Búsqueda. Para contar con un mecanismo de esta naturaleza existe la llamada iniciativa de ley 3590, que lleva estancada una década, o podría surgir alguna de otra instancia. Lo urgente e imperioso es que funcione, y dé resultados a miles de personas que están esperando una respuesta, se encuentre ésta en el mundo de los vivos o el de los muertos.

Desde un punto de vista humanitario, sin lugar a dudas se tiene que dar certeza a las familias de los 40.000 desaparecidos que aún quedan por encontrar. Tomemos por ejemplo el emblemático caso de doña Lucía Pérez, de la región de Ixcán: treinta y dos miembros de su familia fueron desaparecidos durante la guerra, de los cuales 15 eran niños. Lucía ha permanecido en busca de ellos desde 1982. En marzo pasado hizo una solicitud de exhumación que está pendiente de resolución.

La búsqueda es una labor colosal y polifacética: involucra técnica forense, histórica, jurídica y social. Es un trabajo de memoria, de investigación, de paciencia y perseverancia. Pero es posible buscar. Mucho se ha logrado ya, en materia de búsqueda, acompañamiento a familiares y reconocimiento público en Guatemala, bajo el impulso de las primeras asociaciones de familiares de desaparecidos que se conformaron durante los años del conflicto armado. Ahora se van sumando a esa situación más desapariciones de otra naturaleza relacionas con la migración y con la violencia, y por todo ello hay más búsquedas de personas que hacer, igualmente con mecanismos que crear y mejorar.

¿Qué faltaría para tener más resultados? Para una organización con una labor exclusivamente humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con una amplia experiencia en esta materia en varios países del mundo, así como para todas las asociaciones, organizaciones y demás actores que trabajan en el terreno, el camino a seguir es claro: se necesita un reconocimiento reafirmado a nivel de Estado de su obligación permanente con todas las familias de las personas desaparecidas, y retomar una colaboración constructiva entre autoridades y sociedad civil para crear un mecanismo de búsqueda institucional, independiente y eficaz. A la espera de que se concreten una generación va envejeciendo y crece la urgencia de saber qué les pasó a los suyos.

Por lo anterior, hago un llamado tanto a la sensibilidad como al sentido práctico de los tomadores de decisiones para transformar estos anhelos en acciones por medio de un reconocimiento público, de mecanismos de búsqueda eficaces y normativizados, de presupuestos y de un seguimiento mayor a esta problemática de la búsqueda de las personas desaparecidas en Guatemala.

A las puertas de celebrar el 22 aniversario de la firma de la paz el 29 de Diciembre próximo es una necesidad entender a las familias de las personas desaparecidas y dar a conocer a la opinión pública nacional y mundial los avances de su búsqueda.

Actuar así no es volver al pasado, en realidad es ver al futuro superando las consecuencias de un conflicto que dejó heridas profundas que inevitablemente hay que sanar.

(Las Tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)