2 ago.- Hace pocos meses, Nicaragua era mero espectador del caos que ha causado el éxodo masivo de familias de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscan refugio en el norte. Tristemente, la reciente convulsión social en Nicaragua parece indicar que se avecina una nueva crisis de refugiados. Para evitar una mayor escalada, la oposición y la Iglesia católica deben abrazar fuerte y estratégicamente la disciplina no violenta.

Cuando las protestas antigubernamentales en Nicaragua han superado los 100 días, casi 400 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, han sido asesinadas. Esto es más del doble de muertes registradas en los años de debacle en Venezuela.

Los esfuerzos por desactivar la violencia, incluido un diálogo nacional entre el Gobierno de Daniel Ortega y la oposición, mediado por la Iglesia católica, han fracasado. Los estudiantes que lanzan morteros de fuegos pirotécnicos y cócteles Molotov continúan luchando contra la policía y los grupos paramilitares prosandinistas, que son los responsables de la gran mayoría de las muertes.

Aunque es típico que los regímenes autoritarios responsabilicen a los extranjeros y acusen de vándalos y terroristas a los que practican la disidencia política, los disidentes mismos juegan un papel importante en determinar si dichas narrativas ganan impulso. Varias investigaciones académicas han concluido que la mezcla de tácticas violentas y no violentas en un movimiento disidente disminuye los niveles generales de participación en la resistencia y aumenta los de violencia. La violencia de grupos de oposición proporciona excusas a los regímenes y minimiza el número de personas dispuestas a unirse a la oposición.

Esto es problemático porque el factor determinante de mayor importancia para el éxito de las campañas de resistencia es el tamaño y la diversidad de la participación. En países como Colombia y Filipinas, las comunidades han usado la acción colectiva no violenta para combatir a los actores armados no estatales y proteger a los civiles. En Nicaragua, la acción de masas no violenta combinada con un hábil diálogo y negociaciones apoyadas por la Iglesia y los actores regionales podría ayudar a romper el compás de espera.

Las protestas, que comenzaron en abril tras el anuncio de recortes en el sistema de seguridad social, rápidamente se transformaron en un levantamiento antiautoritario. Ortega, quien fue un líder de la revolución sandinista que derrotó a la dictadura derechista de Somoza en 1979, respondió con medidas similares a las de ese régimen.

La respuesta de "tirar a matar" a los manifestantes por parte de la policía y los paramilitares prosandinistas ha intensificado la crisis. La presión obligó a Ortega a desistir de las reformas de las pensiones, pero éste rechazó los llamamientos de la oposición a adelantar las elecciones e insistió en que los "golpistas" son los responsables de la violencia.

Con las conversaciones suspendidas, los estudiantes levantaron barricadas fuera de las universidades, que se han convertido en semilleros de resistencia. Los jóvenes enmascarados, con morteros artesanales y petardos, se han enfrentado a fuerzas de seguridad y milicianos fuertemente armados.

Las fuerzas del Gobierno desmantelaron los bloqueos, arrestaron e hicieron desaparecer a docenas de estudiantes, según las organizaciones de derechos humanos. Ortega responsabilizó a los "terroristas derechistas" de la violencia y acusó a los templos católicos de proteger a los insurgentes.

Sin presión internacional es improbable que el régimen de Ortega negocie de buena fe, y mucho menos probable que acepte un adelanto electoral. Los aliados internacionales de la oposición deberían ayudar a difundir las claves de la resistencia estratégica no violenta, que históricamente ha sido dos veces más efectiva que la lucha armada.

Aunque el trabajo de la Iglesia católica en América Central no está exenta de controversia, podría servir de puente entre los manifestantes y el régimen. El propio Ortega se identifica como católico. Los responsables católicos han renunciado a la violencia y han condenado los asesinatos de las fuerzas progubernamentales, y el clero y las monjas han participado activamente en las protestas.

Los líderes de la iglesia podrían imponer la disciplina no violenta en la oposición, como hicieron en las Filipinas en la década de 1980. La Iglesia podría unir fuerzas con grupos protestantes para alentar el diálogo, difundir la no violencia a nivel comunitario y ayudar a ampliar una coalición comprometida con una resolución no violenta.

Los Gobiernos regionales y la Organización de Estados Americanos también deben intensificar su apoyo a una solución no violenta, presionar al régimen de Ortega por la vía diplomática e insistir en que se identifique a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, exigiendo a la oposición los mismos estándares.

A principios de julio, el Gobierno de EE. UU. invocó la Ley Global Magnitsky para acusar de corrupción y abusos de derechos humanos a tres funcionarios nicaragüenses estrechamente vinculados con Ortega y su esposa.

El repudio de EE.UU. a las acciones de Ortega, la aplicación de sanciones y la retirada de la ayuda militar no convencerán a su Gobierno a cambiar su curso. Otros Gobiernos del continente también deben condenar las atrocidades en Nicaragua.

Movilizar la persistente presión nacional e internacional con suerte puede cambiar la respuesta de la oposición a un diálogo de paz respaldado por una acción no violenta inclusiva y disciplinada. Este enfoque podría validar opciones que permitieran un reparto del poder más democrático o elecciones anticipadas. Los próximos pasos de la oposición podría aumentar las posibilidades y la viabilidad de tal escenario.

(Las Tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)