EFE NewsWashington

La visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a Washington este miércoles para reunirse con Donald Trump permitirá que la administración de EE.UU. presione a México sobre las reformas realizadas en el sector energético mexicano.

El primer viaje a Estados Unidos de López Obrador, que fue investido en diciembre de 2018, servirá también para celebrar la entrada en vigor el 1 de julio del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Pero la presencia de López Obrador también va a servir para que el sector del petróleo y la energía de Estados Unidos exprese su oposición a las reformas emprendidas por las autoridades mexicanas en el sector y que las empresas estadounidenses consideran que son discriminatorias.

El sector estadounidense ha denunciado que las reformas están retrasando la concesión de permisos para el desarrollo de infraestructuras, ha provocado la cancelación de permisos de importación y están creando las condiciones para que la empresa estatal del petróleo, PEMEX, tenga ventajas sobre sus competidores estadounidenses.

En las últimas semanas, el sector energético de Estados Unidos ha incrementado sus contactos con la administración Trump para que el presidente estadounidense presione a López Obrador y consiga que retire las controvertidas reformas que el Gobierno mexicano ha puesto en marcha en el mercado de la energía.

El último ejemplo conocido es el de la asociación de productores de combustible y productos petroquímicos de Estados Unidos (AFPM), a la que pertenecen 450 compañías, que el pasado 23 de junio envío una carta a Trump que señala el perjuicio que a su parecer está causando a sus asociados las reformas de AMLO.

En la carta, el presidente de AFPM, Chet Thompson, llama la atención de Trump "sobre la creciente preocupación con respecto al tratamiento de las compañías estadounidense de energía en México".

Tras destacar que las 450 compañías de la asociación apoyan 3,5 millones de empleos en Estados Unidos y que México es el principal mercado exportador para las compañías del sector, Thompson denuncia que "reicentes acciones tomadas por el Gobierno mexicano amenaza el importante progreso que se ha hecho".

AFPM continúa que "los informes de los medios de comunicación indican que el Gobierno mexicano ha tomado numerosas medidas dirigidas a restringir las inversiones en marcha y futuras de Estados Unidos en el mercado de la energía de México".

"Estas acciones amenazan no sólo la inversión directa que las compañías de Estados Unidos han realizado sino también los ingresos futuros y empleos en Estados Unidos que hacen esas inversiones viables en el largo plazo. También generan graves cuestiones sobre si estas acciones está permitidas por la ley mexicana y las obligaciones de México en el nuevo T-MEC", terminó señalando Thompson.

AFPM no es el único grupo que está presionando a la administración Trump para que Washington actúe ante las reformas del sector en México.

A mediados de junio, el American Petroleum Institue (API) también se dirigió a la administración Trump con una carta en la que el influyente grupo acusó a México de "discriminación".

Según API, "las acciones recientes tomadas por el Gobierno de México socavan" el mercado que permite el flujo de comercio e inversiones en el sector energético en Norteamérica y "discriminan contra los inversores de Estados Unidos en violación de los compromisos que México acordó tanto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)".

Un portavoz de API, Scott Lauermann, declaró a Efe que el grupo confía que el conflicto sea solucionado por medio de la "diplomacia" y que la presión de Washington hará cambiar la posición de las autoridades mexicanas.

Pero no es sólo el sector petrolífero estadounidense el que está presionando para que el Gobierno mexicano de marcha atrás o al menos cancele algunas de las medidas más controvertidas de su paquete de reformas.

El sector de renovables, en el que participan principalmente empresas de Estados Unidos, Canadá y España, también está amenazado por la decisión de cancelar la construcción de proyectos de energía renovable en el que participan empresas extranjeras, también para beneficiar a PEMEX.

En una medida inusual, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, protestó en mayo ante las autoridades mexicanas por la forma y fondo de las nuevas regulaciones impuestas en el sector.

Posteriormente, una portavoz del Gobierno de Canadá declaró a Efe que "las compañías canadienses han indicado que están preocupadas con las recientes medidas tomadas por el Gobierno mexicano que afectan sus inversiones en energía en México. Canadá comparte esas preocupaciones, ya que las compañías canadienses han invertido cerca de 9.000 millones de dólares en el sector".