EFE NewsLos Ángeles

Vendedores ambulantes, en su mayoría hispanos que no tienen muchas oportunidades de conseguir un trabajo formal, se están quedando en el limbo después de que las pautas de reapertura de negocios en grandes ciudades como Los Ángeles no hayan sido claras para estos trabajadores, que por tanto quedan expuestos a encuentros con la Policía local.

“Estamos peor que años anteriores cuando estábamos peleando por los permisos de venta, y no recibir multas de la policía”, dijo a Efe Caridad Vásquez, líder de la organización Vendedores en Acción (VEA) en Los Ángeles

Tras más de una década vendiendo comida en las calles del barrio latino de Boyle Heights, Vásquez es una de las voces más importantes de los vendedores ambulantes en Los Ángeles. Sin embargo, el coronavirus la está dejando sin respuestas para sus compañeros.

“Me llaman y me dicen: Doña Cari ya no puedo aguantar más me voy a ir a trabajar con permiso o sin permiso, no puedo dejar morir de hambre a mis hijos”, confiesa la inmigrante oriunda de Colima, México.

Desde el pasado 19 de marzo, Vásquez ha tratado de que los cientos de vendedores vinculados a su organización cumplan con las restricciones sanitarias implantadas para contener el brote de coronavirus, pero la desesperación de estos trabajadores tras once semanas la pone en un dilema.

“Lo único que les puedo decir es que usen todos los elementos para protegerse y proteger a sus clientes”, zanja.

SIN OTRA OPCIÓN QUE DESOBEDECER

La grave situación económica que están atravesando estos trabajadores llevó a un grupo de cuarenta vendedores ambulantes y a sus familias a desafiar a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Los Ángeles, luego de que esta entidad que no les renovara un contrato de arrendamiento que tenían en la plataforma del Parque MacArthur, el corazón de la comunidad inmigrante en Los Ángeles.

“Tengo un hijo de once años, y ya no tenemos para comer ni pagar la renta, ni la luz, todo lo debo, así que no tuve otra opción”, dijo a Efe Olivia Camacho Chopin, quién vende ropa usada y otros productos en este lugar, y que como otros muchos volvió a la plataforma a pesar de que ya no cuentan con el permiso.

Juan Rodríguez, organizador del Mercado Comunitario Westlake-MacArtur Park, explicó a Efe que las autoridades de transporte cancelaron el contrato de arrendamiento que se había logrado desde hacía cuatro años y permitía a unas 40 familias colocar sus puestos en la entrada a la estación del metro.

El proyecto, que ayudó a reducir la inseguridad en el área, está compuesto por madres cabezas de familia e inmigrantes adultos que no pueden acceder a un trabajo formal.

“Regresar a las aceras para nosotros representa un problema, ya habíamos ganado este espacio y era un aporte a la comunidad. ¿Por qué no permitir que se queden aquí con todas las medidas de seguridad?”, cuestiona Rodríguez.

¿INVISIBLES PARA LAS AUTORIDADES?

Hace una semana el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, lanzó la iniciativa "L.A. Al Fresco” para permitir que los restaurantes puedan usar espacios públicos -aceras y estacionamientos privados- como una forma de apoyar a estos negocios en la reapertura y que puedan cumplir con el distanciamiento social.

Sin embargo, la iniciativa no hizo nada para abordar los derechos de los vendedores ambulantes.

En una reunión de la Municipalidad para acelerar el uso de las aceras y el espacio público, el concejal Joe Buscaino propuso enmendar la moción para incluir a los vendedores ambulantes, que no fueron mencionados en la legislación, reportó el periódico Los Ángeles Times. No obstante, la moción fue devuelta al comité sin que se realizara la enmienda, asegura el rotativo.

“Fue una lucha muy grande de casi 10 años para lograr los permisos para trabajar, y que la policía no nos persiguiera, ahora parece que otra vez somos invisibles”, insiste Vásquez.

Aunque el índice de desempleo entre los hispanos en el país bajó del 18,9 % en abril al 17,6 % en mayo, la cifra no es un aliento para los vendedores ambulantes.

Y es que vendedores como Merced Sánchez, quién tiene una venta de gorros y otros artículos de ropa en el centro de Los Ángeles, no solicitaron beneficios de desempleo por lo que su única fuente económica son sus negocios que marcan la diferencia entre comer o pasar hambre.

EL TEMOR A LA POLICÍA

Sánchez, explica que ella pagó desde antes del brote de coronavirus su permiso de venta, pero que no ha recibido ninguna instrucción sobre la reapertura de su negocio.

“Me tocó abrir a la brava. Esperemos que la policía no venga”, señala la mexicana, que hizo parte de las voces que lucharon por los premisos de trabajo. Su mayor queja hace tres años era la persecución de la policía.

En este sentido, las 40 familias del Mercado del Parque MacArthur han dicho que seguirán abriendo sus negocios a pesar de no tener permiso, y enfrentando la posibilidad de que sean retirados a la fuerza.

“Solo estamos pidiendo seguir con nuestro contrato. Si nos quieren cerrar con la policía tendremos que irnos en huelga de hambre, al fin y al cabo ya no falta mucho para que estemos así”, matiza Rodríguez.