EFEUSALos Ángeles

Abogados que defienden el llamado "acuerdo Flores", que impide que los niños permanezcan detenidos largos periodos de tiempo, presentan hoy en una corte de Los Ángeles una moción en contra de la petición de la Administración Trump de modificar el pacto para así mantener a las familias detenidas.

"El acuerdo es muy claro en que el Gobierno debe garantizar el bienestar de los niños, y un centro de detención no es el lugar adecuado para estos menores", explicó a Efe Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis.

Cooper hace parte del equipo legal que ha defendido el acuerdo, y dijo a Efe que trabajan a marchas forzadas para entregar la respuesta antes de la medianoche de este viernes.

El fiscal general, Jeff Sessions, presentó este jueves una petición de emergencia a la jueza Dolly Gee para modificar el acuerdo de una manera que permita retener a los niños más allá del límite establecido.

La acción legal hace parte de las exigencias de la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el miércoles y que suspendía su política de separar familias después de una dura polémica sobre esta medida que apartó a al menos 2.300 menores de sus padres tras ser detenidos tras cruzar la frontera con México.

El "acuerdo Flores", que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores indocumentados por más de 20 días.

"Si el Gobierno insiste en mantener detenidos a los padres con los niños, entonces tendrá que garantizar que las familias estén en lugares que se adecúen a las exigencias del acuerdo", resalta Cooper.

Esta no es la primera vez que el equipo de abogados se enfrenta a Sessions por el "acuerdo Flores".

Ya en febrero de 2017, el Departamento de Justicia (DOJ) desafió ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito una orden de la propia Gee que exigía al Ejecutivo liberar a menores no acompañados retenidos por meses mientras esperaban ver a un juez de inmigración.

En julio pasado, el Gobierno perdió el alegato.

Ahora la decisión está en manos de la jueza Gee, que el año pasado pidió a la Administración Trump que abordara las "condiciones deplorables e insalubres" que enfrentan los inmigrantes menores indocumentados, incluidos aquellos que viajan con un familiar adulto.

El pronunciamiento de Gee, hija de inmigrantes chinos y que fue nombrada por el Gobierno del expresidente Barack Obama, se dio como parte de una demanda por las condiciones de tres centros de detención en la frontera.

"Creemos que es una jueza muy justa, que se apega a la justicia y que va a darnos la razón", consideró Cooper.