EFEUSALos Ángeles

Una coalición de cuatro estados, liderado por California, presentó este viernes una demanda contra la nueva norma de "carga pública" del gobierno de Donald Trump que busca limitar el acceso a la "green card" o residencia permanente a inmigrantes que reciben ciertos beneficios públicos.

La querella legal, presentada en una corte del Distrito Norte de California, alega que norma viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que afecta en forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a inmigrantes no blancos.

"Esta cruel política obligaría a los padres y familias inmigrantes que trabajan en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo. Eso es simplemente inaceptable", dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra en una conferencia de prensa en Sacramento.

Maine, Pensilvania y Oregón se unieron a California y al Distrito de Columbia en la acción legal contra Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés).

La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante si tienen la intención de hacerse ciudadano o residente permanente incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud y que subsidian el elevado costo de las medicinas, entre otros.

Esta medida afectará a los niños californianos, los trabajos y por ende la economía del estado, advierten los demandantes.

"Este último movimiento de la administración federal para demonizar a los inmigrantes es personal para nosotros, en un estado donde la mitad de nuestros hijos tienen al menos un padre inmigrante", dijo Gavin Newsom, gobernador de California.

"Estamos haciendo frente a la Administración Trump en los tribunales para proteger nuestra economía, nuestras familias y nuestros valores más sagrados", agregó.

El fiscal Becerra explicó que la demanda urge al tribunal a emitir una orden que frene la implementación de la medida que entraría en vigencia el próximo 15 de octubre.

La regla afectaría a aquellos inmigrantes del Estado Dorado que reciban atención médica a través de Medi-Cal (el Medicaid de California), apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricional en California) y ayudas para vivienda (Sección 8), entre otros, precisó el fiscal.

Al presentar la nueva regla el lunes pasado, Cuccinelli, dijo que la medida "pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos".

Newsom subrayó que la medida de "carga pública" está diseñada para crear miedo en las familias inmigrantes, y que "es cruel y amenaza la salud pública de California".

Según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), en California hay 3.059.000 inmigrantes indocumentados.

Esta no es la única batalla legal que enfrenta la administración Trump por la nueva regla de "carga pública",

Lo condados californianos de San Francisco y Santa Clara ya habían presentado una querella contra la "carga pública" el martes pasado.

La demanda conjunta alega que la nueva regla hará que los condados, dos de los más poblados del norte del estado, incurran en costos adicionales debido, en parte, a que los afectados buscarán servicios pagados y administrados por las autoridades locales.

El argumento del impacto económico también fue utilizado por trece estados que este miércoles presentaron otra acción legal contra la regla, argumentando que esta expande ilegalmente la definición de "carga pública".

"El mensaje de la administración Trump es claro: si eres rico eres bienvenido, si eres pobre, no lo eres", dijo el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado.

Virginia, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Rhode Island, acompañan al estado de Washington en la demanda.

En su intervención en español, Becerra dijo que la acción legal de este viernes es personal, ya que él es hijo de inmigrantes mexicanos que estuvieron en la misma situación de mucho de los posibles afectados.

El fiscal instó a la comunidad inmigrante a no abandonar las ayudas que actualmente reciben.

"Vamos a estar bien, vamos a pelear, a luchar, porque sabemos lo que pasa cuando uno trabaja bien duro, levantamos el país, levantamos el estado", insistió.