EFEUSADenver (CO)

El fiscal del condado de Boulder (Colorado) y dirigentes de grupos defensores de víctimas de crímenes expresaron su desagrado por la deportación de un migrante hispano sospechoso de violación a una menor antes de que la justicia pudiese presentar cargos formales y llevar el caso a juicio.

Según el fiscal Michael Dougherty, José Alejandro López Gutiérrez, de 56 años, mexicano y residente en Longmont, estaba siendo investigado desde mayo pasado por haber presuntamente abusado de una preadolescente.

López Gutiérrez fue inicialmente arrestado con cargos menores, pero suficientes para iniciar la investigación. Mientras tanto, quedó en libertad condicional tras pagar una fianza de 20.000 dólares.

El pasado 12 de septiembre, el juez a cargo del caso dictaminó que existía evidencia suficiente para acusar a López Gutiérrez de violación de la menor, ordenando su arresto y fijando el 1 de noviembre como la fecha para que López Gutiérrez tuviese su primera audiencia judicial.

Sin embargo, el inmigrante fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 23 de septiembre y deportado una semana después.

En rueda de prensa en la Casa Blanca el 26 de septiembre, el entonces director interino de ICE, Matthew Albence, usó el caso de López Gutiérrez como un ejemplo de "ciudad santuario que no cumple con los pedidos de ICE".

En declaraciones preparadas, el fiscal Dougherty aseveró que la deportación del inmigrante, lejos de haber contribuido a la seguridad pública en el condado de Boulder, "la puso en peligro", dado que se perdió la oportunidad de presentar cargos.

Según Dougherty, su oficina fue notificada de la deportación el 9 de octubre. La deportación, dijo, significa que el caso contra de López Gutiérrez "quedará pendiente por años y quizá indefinidamente".

"(La deportación) tiene un impacto directo y negativo en nuestra habilidad de probar el caso en su contra. Si la seguridad pública fuese realmente la prioridad de ICE no lo hubiesen deportado mientras todavía había un caso abierto en su contra", declaró Dougherty.

El fiscal explicó que López Gutiérrez estaba bajo vigilancia y que el mexicano no había dejado de presentarse ante la corte cuando así se lo solicitó. Con la evidencia confirmada por el juez, "López Gutiérrez habría sido convicto, sentenciado a una prisión estatal y registrado como criminal sexual".

"Por el contrario, ahora nada de eso sucederá", comentó el fiscal. Aún peor, como la deportación dejó a López Gutiérrez sin antecedentes criminales en Estados Unidos y tampoco se puede gestionar su extradición desde México.

"Se le negó justicia a la víctima", consideró el funcionario.

Nancy Lewis, directora ejecutiva de la Organización de Colorado de Ayuda a Víctima, respaldó esa postura, aseverando que "la vida de la víctima ahora está fuera de su control porque ICE quiso deportar" a López Gutiérrez.

La víctima ahora debe vivir "con la incertidumbre" de no saber dónde está su atacante o si esa persona reingresará a Estados Unidos.