EFESan Diego (CA)

El Gobierno de EE.UU. no respondió en el plazo fijado a una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la muerte del mexicano Anastasio Hernández supuestamente a manos de agentes fronterizos, denunciaron este martes activistas.

La Administración federal tenía hasta el pasado 13 de octubre para responder sobre esta muerte ocurrida en 2010 y documentada en videos.

En febrero del 2017 varios grupos de California demandaron al Gobierno federal por esa muerte, por la que ninguno de los oficiales fue sancionado.

La demanda interpuesta en las primeras semanas del Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) fue heredada por la Administración Biden, que ha fallado en responder, declaró la organización Diálogo San Diego.

"Estados Unidos ignoró la fecha límite del 13 de octubre de 2021 y guardó silencio sobre las acusaciones de que agentes fronterizos amarraron, arrastraron, golpearon, golpearon, patearon y dispararon a Anastasio repetidamente y luego se arrodillaron sobre su cuerpo boca abajo hasta que dejó de respirar", denunciaron.

"En un momento en que Estados Unidos quiere ser un líder mundial en derechos humanos y democracia, el Gobierno de Biden no responde por las violaciones de los derechos humanos internacionales por la muerte de Anastasio Hernández Rojas", declararon en comunicado esa organización y la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley, autoras de la demanda.

En la demanda, estos grupos argumentan que "los agentes fronterizos torturaron y mataron a Anastasio en 2010 y luego encubrieron su flagrante mala conducta destruyendo, reteniendo y alterando pruebas".

La Administración Trump pidió que el caso fuera desestimado, pero la CIDH rechazó ese pedido.

La viuda de Anastasio Hernández, María Puga, dijo hoy a Efe que no descansará en su búsqueda de "justicia" no solo por la muerte de su esposo, sino por todas las familias que luchan contra el propio Gobierno de EE.UU. para "detener la impunidad".

"Espero que el presidente Biden escuche mi súplica, de que reconozca mi dolor y responsabilice a los agentes fronterizos", dijo Puga. "Anastasio era esposo, padre, hermano e hijo. Y lo honramos luchando por nuestra dignidad y por nuestros derechos humanos".

Mediante vídeos fueron identificados 12 oficiales que golpeaban con macanas, pies y puños, y daban descargas eléctricas con armas "taser", a Hernández después de arrestarlo en la frontera entre Tijuana (México) y San Diego mientras trataba de reingresar ilegalmente a Estados Unidos, de donde había sido deportado en 2010.

Hernández llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años y vivió como inmigrante indocumentado hasta la edad de 42 años en este país, donde tuvo cinco hijos con Puga.