EFE NewsLos Ángeles

La ola de nuevas instrucciones a los agentes de inmigración por parte del Gobierno del presidente Donald Trump está poniendo en la mira las peticiones de cientos de inmigrantes que corren el riesgo de terminar deportados o sin posibilidades de obtener los beneficios, advierten expertos.

En la última semana el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) han dado marcha a nuevas pautas y regulaciones que dificultan que los inmigrantes puedan lograr con éxito la aprobación de sus peticiones, alertó a Efe Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

"Básicamente están ordenando a los oficiales de USCIS ahondar más en los casos, y la discreción de no aprobación está aumentando para que las cosas negativas valgan más que las positivas", explica Romo.

"Si no ponemos cuidado a estos cambios esto va a causar que muchos inmigrantes estén en riesgo", insiste el jurista.

NO ELEGIBLES PARA LA CIUDADANÍA.

El abogado subraya las modificaciones hechas este miércoles al Manual de Políticas de USCIS, que pone en la mira a inmigrantes que realizan sus peticiones de ciudadanía.

En un comunicado de prensa, la agencia dijo que algunos inmigrantes obtuvieron su estatus de residente permanente legal "por error, por fraude o no cumpliendo con la ley", por lo que no serán elegibles para la naturalización.

La nueva guía "afirma que un solicitante no es elegible para la naturalización en los casos en que el solicitante no obtuvo el estatus la residencia permanente de manera legal, incluidos los casos en los que el Gobierno de los EE.UU. no tenía conocimiento de hechos materiales descalificadores.

Romo advierte que la interpretación es muy amplia, y puede hacer que un residente permanente sea descalificado para la ciudadanía por no reportar una deportación previa, un delito previo, o inclusive estar casado en peticiones en las que se declaró que estaba soltero. También por presentar cartas de empleo falsas, entre otros.

"Ahora van a estar con una lupa sobre los casos, y van a consultar sus bases de datos, que ahora están más actualizadas y donde están reportados los fraudes", recalca al abogado, que alerta de que esto puede suponer que muchos casos terminen en una "pesadilla".

Adicionalmente, los oficiales de USCIS tendrán especial atención en que los inmigrantes no hayan abandonado su estatus de residencia permanente, al salir del país por espacios prolongados sin contar con un permiso de las autoridades de inmigración.

La agencia advirtió que, cuando "generalmente se rechaza la solicitud de naturalización, el solicitante es puesto en un proceso de deportación".

La modificación se dio a menos de una semana de que el cuestionario de naturalización fuera ampliado, lo que en concepto de activistas, representa una nueva barrera para los inmigrantes.

"RECHAZOS MEZQUINOS"

Esta no es la primera vez que el Gobierno Trump impone cambios sobre los procedimientos. Este jueves una coalición de defensores de inmigrantes presentaron una demanda contra USCIS y el DHS por una nueva política de rechazar las solicitudes que tienen algún campo de respuesta en blanco.

En la querella presentada en una corte federal de San Francisco, los demandantes advierten que USCIS ha rechazado solicitudes por dejar en blanco casillas incluso cuando la pregunta no es aplicable, por ejemplo, cuando el solicitante no incluye una respuesta para el segundo nombre porque no tiene un segundo nombre.

"La política de rechazo de USCIS es mezquina, deshonesta e ilegal", dijo en un comunicado Mary Kenney, subdirectora de National Immigration Litigation Alliance (NILA), una de las organizaciones demandantes.

"Su rechazo de miles de solicitudes de beneficios de inmigración humanitaria porque el solicitante dejó un espacio en blanco en lugar de poner 'N/A' no tiene ningún propósito legítimo de agencia, pero ha causado un gran daño a inmigrantes vulnerables", valoró Kenney.

En ese sentido, Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), dijo que "esta política está claramente dirigida a impedir que las personas obtengan los beneficios humanitarios que el Congreso ha proporcionado".

Por su parte, el abogado Zachary Nightingale, socio del despacho Van Der Hout LLP, recalcó que "los rechazos son tan aparentemente absurdos, que el verdadero propósito, disuadir y prevenir reclamos válidos, se vuelve innegablemente claro. Vergonzosamente, esta vez, el objetivo incluye a algunos de los inmigrantes más vulnerables y calificados".

SIN AUTORIZACIONES DE TRABAJO

Esta semana también el DHS dio a conocer una propuesta que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación.

La "Notificación de la propuesta de reglamento", que fue publicada este jueves en el Registro Federal y entró en un periodo de 60 días para recibir comentarios sobre la "Autorización de empleos para ciertas clases de extranjeros con órdenes de expulsión definitivas".

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo las regulaciones actuales, "un extranjero que tiene una orden final de expulsión y que es liberado temporalmente de la custodia de DHS bajo una orden de supervisión (OSUP) es generalmente elegible para un documento de autorización de empleo (EAD)".

Aunque la medida afectará en concreto aquellas personas cuya deportación ha sido ordenada, pero no puede darse debido a que su país no las acepta, Romo alerta que esta medida puede afectar a más migrantes si el presidente electo reduce las deportaciones.

"En la administración Obama, aquellos que tenían un paro a su deportación tenían derecho a su permiso de trabajo, si esta medida queda en vigencia, no les permitirá obtener este permiso", alerta el jurista.