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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó hoy, con cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.

Tras discutir el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala determino que el Legislativo incurrió en una "omisión" que viola "la libertad de expresión, de prensa y de información", señaló la SCJN en un comunicado.

En febrero de 2014 se publicó en Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reformaban varias disposiciones de la Constitución y establecía que el Congreso debía expedir, antes del 30 de abril de ese mismo año, una ley que garantizara la transparencia en publicidad oficial, pero esto no se cumplió.

"La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión", estableció el órgano judicial, en respuesta al amparo promovido por la organización Artículo 19.

La resolución obliga al Congreso a cumplir con lo establecido en 2014, y a expedir una ley antes del 30 de abril de 2018.

Artículo 19 calificó el fallo como "histórico" en un boletín: "Como trasfondo, la SJCN reconoce el valor intrínseco de la libertad de expresión en tanto precondición para una construcción democrática y la necesidad de remover de cualquier forma las presiones directas e indirectas que pongan en riesgo este derecho".

Asimismo, dado que el órgano estimó la demanda interpuesta como procedente, la resolución "amplía las posibilidades del juicio de amparo y la dota de efectividad", porque permite que por esta vía se reclame "la vulneración de un mandato constitucional" enfocado a la legislación de un ámbito.

"El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución", señaló la organización.

De acuerdo con el informe anual de Artículo 19, el Gobierno mexicano suma un gasto, desde el inicio del sexenio hasta diciembre de 2016, de 34.109 millones de pesos (unos 1.784 millones de dólares), según cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública.

Estos recursos públicos, según la asociación, han sido "excesivos" en el país, y se han empleado "para amordazar a los medios de comunicación críticos".

Artículo 19 pidió que, a la hora de hacer la ley, el Congreso emprenda un "proceso participativo" donde se escuche a periodistas, representantes de medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil".