EFEUSANueva York

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ve "positivamente" el plan de vivienda anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero cree que es "insuficiente" por no contemplar la regulación del precio del alquiler en las grandes ciudades.

El jefe del Ejecutivo español concretó hoy su plan de vivienda 2018-2021, que contempla reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para elevar los contratos de alquiler de tres a cinco años y excluir el alquiler turístico y prevé la construcción de 20.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, entre otras medidas.

"Valoramos positivamente que finalmente se escuche a las grandes ciudades que desde hace años pedimos que hay que volver a reformar la LAU porque la situación está descontrolada", señaló Colau desde el Ayuntamiento de Nueva York, en donde se reunió con su vicealcaldesa, Alicia Glen, y con la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante.

Sin embargo, Colau cree que el plan es "insuficiente" porque no aborda la regulación de los precios del alquiler, que se encuentran "descontrolados".

"Ahora mismo hay unos alquileres abusivos que están muy lejos de los ingresos reales de la gente y hay que poner algún tipo de control a estas subidas abusivas", defendió Colau, que puso como ejemplo las experiencias de París o Berlín, que ya lo regulan.

Para Colau, ciudades como Barcelona, Madrid, Palma, Zaragoza o Valencia están sufriendo una importante "expulsión" de vecinos, no solo de familias "vulnerables", también de las clases medias.

La alcaldesa alertó que las subidas del alquiler son también un obstáculo para que Barcelona pueda "atraer y retener talento" de empresas extranjeras, especialmente tecnológicas, ya que las compañías están teniendo problemas para encontrar pisos a un precio razonable para sus trabajadores.

Colau se reunió hoy con la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, y la vicealcaldesa de Nueva York y responsable de Vivienda, Alicia Glen, como última parada en su viaje a la Gran Manzana, donde este lunes presentó en la ONU una declaración en nombre de las grandes metrópolis del mundo para frenar la especulación inmobiliaria.

Desde hace años, Nueva York obliga a las nuevas construcciones inmobiliarias a destinar un porcentaje de viviendas a uso social, una medida que Barcelona aprobó el pasado mes de junio y que Montreal también se está planteando.