EFENaciones Unidas

La petición del Gobierno talibán de ser reconocido como autoridad oficial de Afganistán ante la ONU tendrá que esperar varios meses, después de que el "comité de credenciales" de la ONU pospusiera hoy una decisión al respecto mientras dure el actual periodo de sesiones, es decir, hasta septiembre de 2022.

La decisión del comité -que también afecta al caso de Birmania, donde la junta militar pidió ser reconocida tras el golpe del pasado febrero- debe ser ahora refrendada por la Asamblea General, que no suele contradecir lo que decide el comité, de nueve miembros y que hoy se reunió en medio de un gran secretismo.

Si la Asamblea lo refrenda, la petición talibán, planteada el pasado septiembre, quedará en el limbo, y solo en el caso de que un estado plantee un procedimiento de excepción podría el comité replantear la cuestión, algo inhabitual, dijo una fuente conocedora del reglamento en estos casos.

Fuentes presentes en la reunión dijeron que se trató de una reunión "muy técnica", que no entró en criterios políticos ni valoró la idoneidad o no del régimen en el poder en Kabul.

PETICIÓN PENDIENTE DESDE SEPTIEMBRE

Los talibanes habían presentado su solicitud oficial de reconocimiento el pasado septiembre, durante el periodo anual de sesiones de la Asamblea General, alegando que tenían derecho a representar a su país por tener control total del territorio y ante el vacío de poder dejado por un Gobierno que había huido de Kabul.

Nombraron incluso a su "embajador ante la ONU" en la persona de Suhail Shaheen, pero éste último no tuvo en ese momento el plácet del comité de credenciales, que pospuso su decisión hasta el día de hoy, y en el momento en que Afganistán tenía el derecho a la palabra en la asamblea, el anterior embajador había renunciado, por lo que nadie habló en nombre del país asiático.

El reconocimiento o no por parte de la ONU se considera crucial para el régimen talibán, pues hasta ahora ningún país ha dado ese paso, ni siquiera los vecinos o próximos -Irán, Pakistán, Rusia- así como China, que han mantenido abiertas sus embajadas en Kabul y han celebrado conversaciones a alto nivel con las autoridades talibanes.

Los talibanes volvieron a reclamar su reconocimiento oficial el pasado octubre. En una rueda de prensa su portavoz, Zabihullah Mujahid, dijo que "nadie puede privarnos de este derecho. Somos parte de la comunidad mundial y reunimos todas las condiciones para que el mundo nos reconozca".

Mujahid recordó entonces que entre todos los países reconocidos "hay sistemas no democráticos, dictaduras, reinos y otros, ¿por qué se les reconoce y a nosotros se nos pone condiciones?", exclamó entonces.

Las "condiciones" a las que se refería el portavoz talibán han sido repetidas por el secretario general de la ONU, por la UE, por Estados Unidos y por numerosos países: formar un Gobierno étnicamente inclusivo y respetar los derechos de las mujeres, principalmente, pero hasta ahora no han cumplido ninguna de las dos.

Las mujeres tienen prohibido el trabajo asalariado -a excepción del sector salud-, y las niñas solo pueden ir a la escuela primaria, habiendo sido apartadas de la educación secundaria y universitaria.

Además, hay otros detalles que dificultan ese reconocimiento, como el hecho de mantener como ministro del Interior a Sirajuddin Haqqani, hijo del fundador de la red Haqqani, considerada una organización terrorista por Estados Unidos.

Aunque no sea una cuestión directamente ligada al reconocimiento, los talibanes consideran que podría contribuir a que el Gobierno estadounidense desbloquee los activos financieros (10.000 millones de dólares) del estado afgano actualmente retenidos por la Reserva Federal estadounidense.

Esos fondos son fundamentales para el normal funcionamiento del estado, y más cuando el invierno está a las puertas y el frío y el desabastecimiento afectan a millones de afganos.

La falta de recursos financieros ha hecho que sean los organismos de la ONU los que mantienen en pie el precario sistema sanitario afgano: en octubre, fueron fondos internacionales los que pagaron los sueldos de 23.000 médicos y enfermeras, además de los medicamentos y el mantenimiento de los hospitales.