EFEUSASan Juan

El Senado de Puerto Rico aprobó este miércoles el Código Electoral a viva voz y ahora será devuelta a la Cámara de Representantes de la isla, donde podría recibir la luz verde mañana mismo.

El mismo tiene el propósito de ampliar el acceso de los electores a los procesos y las transacciones electorales y establecer los mecanismos tecnológicos pertinentes para modernizar las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), entre otras medidas.

Este fin de semana, los exgobernadores Sila María Calderón y Alejandro García Padilla, advirtieron sobre la presunta peligrosidad del Código Electoral, que describieron como un intento del Partido Nuevo Progresista (PNP) de robarse las próximas elecciones y una puerta abierta para el fraude.

Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) votaron en contra, así como el senador independiente, José Vargas Vidot.

El senador popular Aníbal José Torres dijo que al permitirsele al comisionado electoral del partido que mayor cantidad de votos íntegros obtuvo en las elecciones anteriores nominar al presidente de la CEE, se le da indefinidamente el "control" del organismo, actualmente, al PNP, en el gobierno.

"El PPD y el PIP retiraron todas las alegaciones de fraude para aceptar que sus enmiendas fueron atendidas y que solamente los partidos, y le aplica a todos por igual, que tengan el favor del pueblo deben estar representados en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Podrán denunciarnos y señalarnos de actuar y de hacer, discrepar de nuestro trabajo, pero no nos van a acusar nunca de que no hicimos lo correcto y de que trabajamos para fortalecer la democracia", dijo, por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera, en el pleno hoy al defender la medida.

Una de las enmiendas traídas precisamente por el opositor PPD en la vista pública fue que los jueces del Tribunal Supremo no decidieran quien sería el presidente de la CEE.

Según el Proyecto aprobado, de los comisionados electorales no llegar a un consenso, la Asamblea Legislativa, luego de recibir un nombramiento a esos fines de la Rama Ejecutiva, entrará en acción, pero de no haber un consenso en la Legislatura entonces el Tribunal Supremo decidirá.

De paso, Rivera Schatz, quien evaluaría las enmiendas que pudiesen someter la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Cámara de Representantes, aclaró que ningún partido "tiene dominio absoluto de la CEE. Quien diga eso miente. Ningún partido puede estar representado en la CEE sino tiene los votos".

Asimismo, luego de escuchar las objeciones presentadas por las minorías senatoriales en las que criticaban el proceso de evaluación de esta pieza legislativa, el excomisionado electoral del PNP les recriminó que no presentaran informes de minoría con sus respectivas propuestas.

"Ellos no quieren que la gente vote, pero mientras actúan para que la gente no vote se autoproclaman los portavoces de la democracia. Eso es como la obra del villano que tira la piedra y esconde la mano", aseguró el presidente del Senado.

Según la exposición de motivos el Código Electoral empodera a los electores facilitando su acceso a los procesos relacionados con el ejercicio de su derecho al voto, ordena la adopción de sistemas informáticos de alta tecnología que faciliten a los electores el ejercicio del voto y su inscripción electoral y realizar las actualizaciones que sean necesarias en su Registro Electoral para así garantizar su derecho al voto y realiza las actualizaciones que sean necesarias en su Registro Electoral para así garantizar el derecho al voto y la intención del elector al depositarlo en las urnas.

Moderniza y reestructura la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), para que sea una entidad pública "más accesible, eficiente y menos costosa" para los contribuyentes y provee a los partidos políticos y a los candidatos un marco legal que garantice sus derechos federales y estatales en razonable balance con los derechos individuales de los electores.

También establece restricciones éticas para evitar conflictos de intereses por nepotismo y amplía las categorías de electores elegibles para "Voto Ausente" y "Voto Adelantado", como medida para garantizar el derecho al voto.

"Ningún elector activo domiciliado en Puerto Rico que cumpla con los requisitos constitucionales y dispuestos en esta Ley, será privado de su derecho al voto por estar fuera de Puerto Rico en el momento de un evento electoral dispuesto por ley, aun aquellos que reclamen estar en viajes turísticos o trabajo incidental, entre otras razones", agrega, entre otros.

Además expedirá y limitará la Tarjeta de Identificación Electoral a solo los electores que no posean otra identificación válida, creando un ahorro al erario (tarjeta electoral tiene un costo aproximado de 12 dólares) y mantendrá el procedimiento vigente de recusación de electores como medida de mantenimiento del registro electoral con información "precisa y confiable.