EFE NewsSan Juan

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmó este miércoles varias medidas que están dirigidas a beneficiar a la población correccional del sistema del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico y a sus familias.

La primera de las medidas, el Proyecto de la Cámara 2020, enmienda el "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011" para que la agencia pueda suscribir acuerdos con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que en las instalaciones donde estas ubiquen, se designen o habiliten áreas desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la población correccional y con los miembros de la familia inmediata, amistades u otro personal de apoyo.

Esta fue presentada por el representante José Meléndez, informó la gobernadora en un comunicado.

Igualmente, la mandataria firmó el Proyecto del Senado 1181 que enmienda "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011" para de extenderle a toda la población penal, sin diferenciarlos por el Código Penal bajo el cual fueron sentenciados y cumplen condena, la oportunidad de recibir las bonificaciones por buena conducta y asiduidad.

La medida, de la autoría de los senadores Miguel Romero y José Vargas, persigue poder incentivar la buena conducta de los confinados y que se cumplan las penas impuestas por los Tribunales de Justicia.

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución, antes de la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como parte de un programa de rehabilitación o disfrutando de libertad bajo palabra, que observe buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a rebajas del término de su sentencia, las cuales se computarán desde su admisión a la institución de que se trate o desde que se concede la libertad bajo palabra.

Por una sentencia que no exceda de 15 años, 12 días en cada mes; o por una sentencia de 15 años o más, 13 días por cada mes.

Además, toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución, con posterioridad a la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como parte de un programa de rehabilitación o disfrutando de libertad bajo palabra, que observe buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a otras rebajas.

Por una sentencia que no exceda 15 años, 6 días en cada mes o por una sentencia de 15 años o más, 7 días por cada mes.

Se excluye de las bonificaciones toda condena que apareje pena de reclusión de 99 años, toda condena que haya dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, conforme establecen el Código Penal de 1974, de 2004 y el Código Penal vigente, la condena impuesta en defecto del pago de una multa y aquella que deba cumplirse en años naturales.

También, la primera ejecutiva firmó la Resolución Conjunta del Senado 462 que ordena al DCR establecer un programa piloto de visitas virtuales en el sistema correccional.

La medida, presentada por el senador Héctor Martínez, fue de las que la gobernadora incluyó en la Sesión Extraordinaria.

Finalmente, Vázquez Garced convirtió en ley la medida Proyecto de la Cámara 2204, del representante Wilson Román que enmienda el "Código Penal de Puerto Rico", para fijar los límites de la conversión de la pena de multa a un máximo de 90 días de reclusión.

Si la pena de multa o los días de servicio comunitario impuestos no fueran satisfechos conforme a las disposiciones precedentes, la misma se convertirá en pena de reclusión a razón de $50 dólares por cada día de reclusión o por cada 8 horas de servicio comunitario no satisfecho.

En cualquier momento, el convicto podrá recobrar su libertad mediante el pago de la multa, abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido.