EFEUSASan Juan

El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, Héctor Ferrer, acusó en entrevista con Efe al Gobierno de ineficacia en el área económica, falta de transparencia en los muertos por María y tolerar la Junta de Supervisión Fiscal, todo causa de una situación crítica.

"Miles de personas permanecen sin energía, cientos de intersecciones tienen estropeados los semáforos y cerca de cinco mil negocios que estaban operativos antes del huracán no han podido abrir", un complicado panorama descrito por Ferrer al que en su opinión el Gobierno liderado por Ricardo Rosselló no ha sabido responder.

Ferrer aseguró que tampoco ha contribuido a mejorar las cosas la desde su punto de vista mala administración por parte del Ejecutivo de los fondos federales llegados a Puerto Rico para paliar los daños causados por el huracán María del pasado septiembre.

El presidente del PPD, una formación que defiende el actual estatus de Puerto Rico de Estado Libre Asociado a Estados Unidos, lo que le permite al Ejecutivo local cierto grado de autonomía y contar con su propia Constitución, subraya que la isla caribeña se enfrenta a una realidad complicada a la que no se dan las respuestas adecuadas.

"El Gobierno colapso tras el huracán María", subraya Ferrer, para quien la isla solo comenzó a ver la luz tras la llegada de las autoridades federales a Puerto Rico una semana después del desastre.

Asegura que los distintos departamentos del Gobierno, comenzando por la Agencia Estatal para el Manejo que Emergencias, no estuvieron a la altura de la situación tras María.

Ferrer indicó que la cadena de errores comenzó en la gestión de la respuesta al huracán, a lo que siguió el controvertido asunto de la cifra de muertes ocasionadas por el ciclón, que el Gobierno de Rosselló mantiene fueron 64 personas, cifra oficial que contrasta con un informe de la Universidad de Harvard que la sitúa en más de 4.500.

"El Gobierno insiste en la cifra de 64 muertos pero todo el mundo sabe que fueron muchos más" asegura el líder de la oposición, para quien no tienen sentido que el Ejecutivo trate de enmascarar la cifra real de fallecidos.

La lista de graves problemas a los que se enfrenta Puerto Rico sigue con el papel de la Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control al Ejecutivo de San Juan impuesta por una ley aprobada por el Congreso en Washington para atender el problema de una deuda pública impagable y encauzar las cuentas públicas.

"Estoy en contra de la Junta por contradecir el derecho natural de escoger las personas que nos gobiernen", sostuvo el líder del PPD, tras matizar que "Junta y Gobierno son la misma cosa".

La JSF exige, tras negociar con el Ejecutivo de Rosselló, la derogación de la Ley 80 que garantiza una indemnización por despido injustificado, una medida criticada por el PPD.

"Espero que el Senado mantenga su oposición y no permita que esa ley se elimine", resaltó Ferrer, para quien no existe estudio alguno que señale que acabar con esa norma que garantiza una indemnización por despidos vaya a suponer un estímulo para la economía.

"La responsabilidad de la Junta es enderezar las finanzas del Gobierno, pero la eliminación de la Ley 80 no tiene ninguna influencia en eso", defendió Ferrer.

A su juicio, la economía solo mejorará si se consigue un Gobierno más eficiente y unos municipios con una gestión más óptima que la actual de los servicios que se presentan a los ciudadanos.

Además, rechazó que el Gobierno exija austeridad a los ciudadanos mientras hay jefes de agencia que cobran hasta 400.000 dólares anuales

En cuanto al asunto del estatus de Puerto Rico, dijo que los esfuerzos del Gobierno para convertir a la isla en un estado más de EEUU han sido inútiles y que el Ejecutivo utiliza el asunto de la relación política con Estados Unidos para desviar la atención de los problemas reales que no sabe solucionar.

Ferrer subrayó que defiende el desarrollo del Estado Libre Asociado para ganar mayor autonomía y permitir así que la isla goce de una economía más robusta, postura que choca con el Gobierno, que defiende la plena anexión de Puerto Rico a Estados Unidos como un estado más del país norteamericano.

El líder de la oposición criticó además la situación por la que atraviesa la isla en el ámbito de la criminalidad, en su opinión sin una respuesta contundente a causa de la mala gestión del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera.

Pidió que prescinda de los servicios de Pesquera, un funcionario que como recordó gana anualmente cerca de 250.000 dólares, y que la Policía vuelva a ser responsabilidad exclusiva de una sola persona.