EFE NewsSan Juan

El senador estadounidense Bob Menéndez y la representante federal Nydia Velázquez presentaron el Proyecto de Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico (PRRADA, en inglés), para garantizar que la isla tenga acceso a las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas en casos de quiebra en el resto de Estados Unidos.

Un comunicado conjunto divulgado este martes señala que este proyecto bipartidista y bicameral busca imponer requisitos de divulgación más sólidos a los asesores y consultores contratados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico -entidad federal de control al Ejecutivo en San Juan-, lo cual cerraría un resquicio legal que actualmente perjudica a los ciudadanos de la isla.

El comunicado señala que el proyecto PRRADA requiere que vendedores divulguen cualquier conflicto de interés, asegurando que el pueblo puertorriqueño tenga acceso a las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas por ley en los casos de quiebra en el resto de Estados Unidos.

En 2016, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), que le ofreció al pueblo puertorriqueño un proceso de quiebras estandarizado para estructurar sus deudas, liquidar sus adeudos con acreedores, aprobar proyectos de infraestructura sumamente importantes y promover el desarrollo económico.

Sin embargo, la ley Promesa, señala el comunicado, falló al no exigir a los asesores y consultores de quiebra que revelen sus conflictos de interés con acreedores a quienes los puertorriqueños deben dinero.

"Me opuse a la aprobación de la Ley Promesa porque no creía que hacía lo suficiente para proteger al pueblo puertorriqueño en la reestructuración de su deuda. Ahora estamos enfrentando una de esas consecuencias -el fracaso de no imponer los mismos estándares de transparencia requeridos en el resto de los Estados Unidos a los asesores y consultores de la Junta-", dijo Menéndez.

"Nuestro proyecto de ley bipartidista y bicameral cerraría este grave resquicio legal que se encuentra actualmente en la ley, estableciendo requisitos de divulgación más sólidos para los asesores y consultores de quiebras, lo cual servirá para proteger los intereses de las familias trabajadoras en Puerto Rico. No tenemos el lujo de seguir esperando para lograr este cambio", sostuvo.

"El pueblo puertorriqueño se merece saber que aquellos responsables de reestructurar sus deudas tienen sus mejores intereses en mente. El proyecto PRRADA cierra un resquicio legal al exigir la divulgación de cualquier conflicto de interés entre aquellos que supervisan el proceso de quiebra y los deudores", dijo a su vez Velázquez.

"Para encaminar a la isla hacia un futuro mejor debemos eliminar la corrupción de este proceso y fortalecer la supervisión de casos de quiebra, lo cual es exactamente lo que presenté en este proyecto de ley", concluyó.