EFESan Juan

La jueza federal responsable de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, Laura Taylor, anuló este miércoles la Ley de Retiro Digno que pretendía proteger las pensiones de los funcionarios públicos, un golpe para el intento del Ejecutivo liderado por Pedro Pierluisi de detener la reforma a las pensiones.

La decisión judicial llega después de que el pasado 2 de julio la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) interpusiera una demanda contra el gobernador y los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes al solicitar que se detuviera la implantación de la Ley 7 de Retiro Digno.

La norma había sido aprobada por las dos cámara legislativas y firmada por el gobernador.

Swain estimó en su determinación que la Ley de Retiro Digno afectaría la capacidad de la JSF de asegurar el cumplimiento con el plan fiscal y asegurar la implementación de un plan de ajuste justo.

La legislación aprobada por el gobierno liderado por Pierluisi, según Swain, trata de limitar el poder del tribunal para hacer cumplir la ley federal Promesa y trata de poner fin a cualquier plan de ajuste que presente la JSF y que sea confirmado por el tribunal.

Esas directrices, según la jueza, chocan con el propósito de la Ley Promesa de dar estabilidad financiera de largo plazo al gobierno de la isla y son inválidas.

La anulación de la Ley 7 deja al magisterio de Puerto Rico del sistema público en una situación delicada, después de votar en contra de una propuesta negociado por la JSF y la Asociación de Maestros para flexibilizar las condiciones para acogerse a la jubilación.

El 9 de junio pasado, Pierluisi le había estampado la firma a la ley alegando que era hora de proteger a los retirados y sus pensiones, además de indicar que su intención era honrar a todas las pensiones públicas.

"No existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Control Fiscal dado que ya los pensionados, como acreedores del gobierno, recibieron ese ajuste", dijo entonces el gobernador.