EFE NewsSan Juan

La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado, exhortó este viernes a la Legislatura de Puerto Rico a que presente alguna medida que prohíba en la isla el "Covid fee", un cargo que han impuesto algunos comercios debido a la pandemia.

"Recomendamos que se apruebe una ley para que se prohíba este cargo de manera actual en los restaurantes, beauties (peluquería) o dentistas", indicó la titular del DACO en entrevista radial con la cadena NotiUno.

De acuerdo con la funcionaria, la ley actual "no le da jurisdicción" al DACO "para actuar sobre este 'Covid fee', a menos que el consumidor se sienta engañado".

El reclamo de Salgado proviene por quejas de algunos ciudadanos de que en las oficinas de los dentistas, estos profesionales les están cobrando 35 dólares adicionales por "Covid fee" porque cuentan con algún plan médico privado.

No obstante, los que ostentan el Plan Vital -aseguradora del Gobierno- no tienen que pagar extra.

Al respecto, la gobernadora Wanda Vázquez, dijo este viernes que no debiera haber costo para el ciudadano.

"Yo creo que todos, en la medida que nosotros podamos ayudar, no solamente a los dentistas, sino a toda la clase médica, lo vamos a hacer. Pero, los ciudadanos no pueden pagar el precio porque todo el mundo necesita medidas de seguridad. Así que, yo creo que es una conversación que debemos tener con los profesionales de la salud", dijo.

Por su parte, el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, David Kerr, explicó que estos profesionales están cobrando el "Covid fee" a los pacientes por las medidas sanitarias que han tenido que implantar en sus oficinas para recibir a pacientes ante la aparente negativa de las aseguradoras por asumir estos costos.

Antes de cobrar el nuevo cargo por servicio, los dentistas tienen que informarle a sus pacientes la existencia del nuevo costo por servicio para que la persona tome la determinación de aceptar o rechazar la cita.

Sin embargo, si ese médico cobra el cargo al final y sin la debida divulgación podría incurrir en una práctica de anuncio engañoso y exponerse a una multa del DACO.

"El establecimiento tiene la responsabilidad de informarle al consumidor el costo del servicio o producto, así como las políticas de devolución. Si el consumidor optó por el servicio y/o adquiere la mercancía no se considera una práctica engañosa", explicó Salgado.

"De lo contrario, exhortamos a los consumidores a informar al DACO de cualquier establecimiento que se encuentre cobrando algún cargo sin haberlo notificado", indicó.