EFE NewsSan Juan

Los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Néstor Duprey y Ana Rivera Lassén, refirieron al Departamento de Justicia los señalamientos sobre la compra por 38 millones de dólares por el Gobierno a una compañía vinculada al partido en el poder para pruebas de COVID-19.

En un comunicado de prensa difundido este martes, Duprey, candidato a la Cámara de Representantes por acumulación del MVC, afirmó que el proceso de contratación, así como las versión ofrecida el pasado domingo por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, "están plagados de incongruencias".

Según dijo Duprey, la gobernadora no tenía conocimiento de la orden de compra por 38 millones de dólares a la compañía APEX General Contractor.

"Sin embargo, la Ley 3 del 2017 la obliga a autorizar cualquier contrato de servicios profesionales o compras en exceso de 10.000 dólares", sostuvo Duprey.

"Eso significa que la gobernadora sabía o su entorno no cumplió con el debido proceso de ley. En cualquiera de los casos, el Departamento de Justicia debe investigar", enfatizó el exsecretario de la Cámara de Representantes.

Por su parte, Rivera, candidata al Senado por acumulación, sostuvo que estos señalamientos se dan mientras el pueblo pasa "por un momento de crisis sanitaria donde las desigualdades sociales hacen más fuerte y doloroso enfrentar el aislamiento impuesto si no se tienen las necesidades básicas cubiertas".

"La salud, la vivienda, la alimentación, la paz y la seguridad en el hogar además de derechos son, entre otras, preocupaciones de día a día de nuestra gente", agregó.

Ante ello, enfatizó que "es nuestro derecho también saber quiénes buscan lucrarse con el dolor y quiénes permiten desde el gobierno que esto suceda. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser parte de las medidas para enfrentar el COVID-19".

Duprey, por otra parte, destacó las similitudes con los procesos de contratación del Gobierno a empresas privadas, incluyendo algunas estadounidenses, durante el proceso de reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017.

"Mantener una actitud de colaboración para superar esta crisis no implica dejar de hacer las preguntas necesarias. La oposición no puede claudicar a su deber de fiscalizar con seriedad. No vamos a permitir que esto se convierta en una secuela de los traqueteos durante la crisis tras los huracanes Irma y María", concluyó.