EFE NewsLos Ángeles

Cientos de noches sin poder dormir, sensación de asfixia y sequedad extrema en la boca son algunos de los síntomas que padece la campesina Rogelina Sánchez, una mexicana residente en California víctima del pesticida clorpirifós.

La mujer, de 54 años, ha decidido no trabajar estos últimos meses en los campos de Dinuba (California, EE.UU.), a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Los Ángeles, por ser incapaz de descansar y por miedo a que su malestar incremente y pueda terminar con su vida.

"Me gustaría que la gente entienda que es mejor perder el trabajo que padecer toda la vida; es muy duro. La salud es lo más importante ¿De qué sirve tener dinero si no tienes salud?", comenta a Efe Sánchez, que está cobrando el subsidio de desempleo para seguir hacia adelante.

A sus gastos habituales se han sumado los últimos años los costes de varios médicos especialistas y medicamentos para combatir todas las dolencias que le aparecieron por, según su relato, entrar en contacto con el pesticida clorpirifós.

"Los patrones -continúa- quieren usar pesticidas de este tipo para mejorar artificialmente sus cosechas, pero es muy nocivo para nosotros y tiene que acabar".

Precisamente, la presión de grupos como la Unión de Campesinos (UFW, en su sigla en inglés), su organización hermana Fundación de la Unión de Campesinos y el grupo Earthjustice, entre otros, ha surtido efecto.

Así, Corteva Agriscience, uno de los mayores fabricantes mundiales de clorpirifós, anunció este jueves que, por "decisión estratégica de negocios", suspenderá la producción de este compuesto, vinculado con defectos neurales en neonatos e infantes y problemas de salud de los campesinos.

La decisión se anunció el mismo día en el que entró en vigencia la prohibición de vender este pesticida en California, donde se usaba en cultivos como la alfalfa, los cítricos o las nueces.

Las organizaciones de defensa de los derechos laborales de los campesinos celebran esta "victoria", aunque denuncian que la actual Administración estadounidense "está ignorando la ciencia".

"Hemos luchado contra este pesticida desde hace muchos años, con demandas y peticiones en contra de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en su sigla en inglés). Esta Administración está ignorando la ciencia. No hay un nivel de clorpirifós saludable", lamenta en declaraciones a Efe Andrea Delgado, directora de asuntos gubernamentales de la UFW.

Delgado asegura que la decisión de Corteva Agrisciencie es "significativa" porque "manda un tremendo mensaje a otros productores para que dejen de fabricar este pesticida demasiado tóxico".

Rogelina Sánchez ha trabajado en el campo durante 36 años recolectando y empaquetando todo tipo de frutas y verduras, como naranjas, fresas, manzanas, calabazas, ajos, cebollas, duraznos y ciruelas.

Ahora, debido a sus dolencias y edad, se dedica a la recogida de uvas, de menor peso.

Ella es uno de los 2,4 millones de trabajadores agrícolas que hay en el país, según datos del Censo de Agricultura 2017 de EE.UU.

De acuerdo al Departamento de Agricultura, los inmigrantes componen más del 53 % de la mano de obra agrícola en Estados Unidos, y grupos no gubernamentales calculan que el 70 % de esos peones son migrantes indocumentados.

"Un trabajador del campo va a trabajar hasta que uno pueda (...) Pero los químicos nos hacen mucho daño; he visto muchos casos de compañeras embarazadas cuyos hijos han nacido mal por culpa de ellos", relata Sánchez.

En su caso, culpa a los pesticidas de que uno de sus hijos haya nacido hiperactivo y con problemas importantes de comportamiento.

"A otros compañeros les han detectado que tienen los pulmones como si hubieran fumado toda la vida y nunca han tomado un cigarro", dice, resignada.

Por ahora, se congratula de que se pare la mayor producción de clorpirifós del mundo, pero avisa: "si van a usar otros pesticidas, habrá más problemas".