EFEUSAWashington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaborará un informe sobre los riesgos ambientales y sociales derivados de la expansión de los cultivos de palma aceitera en la Amazonia, con especial atención a la situación de las comunidades de indígenas, según avanzó hoy.

El comisionado de la CIDH Joel Hernández García, que anunció este informe, reconoció que las denuncias de grupos indígenas por este tipo de explotación agraria son una "problemática común" en varios países del continente.

Hernández García habló del informe durante una audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en la Amazonia peruana, celebrada hoy en Washington en el marco del 170 periodo de sesiones de la CIDH.

En la audiencia intervinieron representantes de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya (Perú), que pidieron al Gobierno de Martín Vizcarra que reconozca el territorio en el que viven con el fin de evitar su deforestación.

"Nuestra tierra ha quedado arrasada por la acción de empresas que reciben la aprobación de la autoridad regional aún sin poseer informes de calidad ambiental", señaló Carlos Hoyos Soria.

El representante denunció que ha recibido amenazas y disparos en su hogar, y que "traficantes de territorios" quemaron la vivienda de uno de sus vecinos.

Precisamente, el abogado del Instituto de Defensa Legal a cargo del Área de Pueblos Indígenas, Álvaro Másquez, solicitó a la CIDH que visite a la comunidad de Santa Clara de Uchunya, aunque estimó que alrededor de 1.300 comunidades indígenas en el Perú no poseen espacio en propiedad protegido y están expuestas a la deforestación.

El cultivo de palma aceitera no ha dejado de crecer en Perú desde 2012 y con ello también lo ha hecho la especulación de tierras, que se compran a bajo coste para venderlas después a empresas interesadas en explotar ese cultivo, indicó el abogado.

En nombre del Gobierno de Vizcarra, el procurador supranacional peruano, Carlos Miguel Reaño, aseguró que el Estado aprobará un Plan de Desarrollo Sostenible para la Palma Aceitera.

Sobre la petición de la comunidad de Santa Clara de Uchunya, Reaño manifestó que el Gobierno está a la espera de una resolución judicial para actuar, pero recordó que ya hay precedentes con resultado positivo para los pueblos indígenas.