EFEUSALos Ángeles

Un grupo de congresistas demócratas y abogados de inmigración alertó hoy sobre los estragos legales y económicos que supondrá la decisión del Departamento de Justicia de no permitir a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada quedar en el país en libertad bajo fianza.

Con este llamado los legisladores quieren alentar el debate y escrutinio público sobre la decisión del Fiscal General, William Barr, de retirar la autoridad a los jueces de inmigración para otorgar fianzas a los indocumentados que pidan asilo en la frontera.

"Una y otra vez, el Gobierno escoge los métodos más ineficaces, derrochadores y crueles que no benefician a nadie", advirtió el congresista Tony Cárdenas en una conferencia telefónica.

Cárdenas, que representa una zona de Los Angeles, encabeza un grupo de 55 legisladores que enviaron una misiva a Barr y a la Administración Trump en la que piden revocar la decisión, que según sus palabras estaría "reescribiendo unilateralmente la ley de inmigración".

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) se unió a esta solicitud, y su directora de relaciones gubernamentales, Kate Voigt, subrayó que la decisión del fiscal general está debilitando aún más la imparcialidad de las cortes de inmigración.

Para el juez retirado de inmigración Jeff Chase, la medida tomada por el Departamento de Justicia es una "estrategia para castigar a los solicitantes de asilo".

"Todos los movimientos de esta administración son las piezas de un rompecabezas diseñado para obstaculizar la independencia de los jueces de inmigración que permitan ajustar los resultados de los casos a su política", agregó el juez en la conferencia de prensa.

El juez retirado resaltó que el memorando de Barr desconoce una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de 2005 que instruye a los jueces a evaluar si otorgan una fianza a los solicitantes aprobados para puedan esperar el proceso en libertad condicional.

Chase resaltó que la presión del Gobierno sobre las cortes de inmigración está poniendo a los jueces a escoger entre respetar el debido proceso o mantenerse empleados y cumplir con las cuotas de cerrar casos.

"Esta es la mayor razón por la que se deberían retirar las cortes de inmigración de la jurisdicción del Gobierno y crear un sistema independiente" insistió Chase.

Según el centro independiente Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse (Nueva York), el promedio nacional de espera en una corte de inmigración es 1.019 días, tiempo que tendría que estar detenido un aspirante a asilo mientras espera un fallo, de acuerdo a la iniciativa de Barr.

El llamado a los votantes y al público para expresar su oposición se da un día después que el presidente, Donald Trump, pidiera cambiar el sistema de asilo para admitir solo reclamaciones "legítimas".

"Los solicitantes legítimos de asilo están quedando desplazados por aquellos que presentan reclamaciones frívolas para ser admitidos en nuestro país", denunció Trump, quien prometió que ese sistema cambiará si el Congreso aprueba su propuesta de reforma migratoria.

"Si tienes una reclamación de asilo en condiciones, serás admitido rápidamente. Si no, serás rápidamente devuelto a casa", agregó.

La solicitud de los legisladores también pide al Gobierno que establezca cuáles serán los sobrecostos que ocasionará mantener a estos solicitantes de asilo detenidos y a cuántas personas afectará.

Cárdenas afirmó que estas detenciones elevarán los gastos de inmigración, un área que en el año fiscal 2018 ascendió a 3.000 millones de dólares, y que la Administración se ha empeñado en eliminar medidas efectivas y más económicas para vigilar a los indocumentados que esperan este proceso.