EFEUSAWashington

El Tribunal Supremo tumbó hoy una ley del estado de Minesota que impedía llevar vestimentas con mensajes o símbolos políticos al considerar que choca con los derechos protegidos en la Constitución.

El alto tribunal de mayoría republicana, con un margen de 7 votos a favor y dos en contra, revirtió así la decisión de una corte de apelaciones que declaró legal la regulación estatal que prohíbe las vestimentas que tratan de influir en la opinión de los votantes, aunque no lleven los nombres de candidatos.

En la sentencia, redactada por el magistrado conservador John Roberts, la sala considera que la norma choca con el derecho a la libertad de expresión protegido bajo la Primera Enmienda de la Carta Magna por ser ambigua a la hora de fijar qué casos pueden ser vetados y cree que la ley no cumple con "las buenas intenciones" de Minesota.

La legalidad de esa norma fue desafiada por la Alianza de los Votantes de Minesota, un grupo ligado al movimiento del ultraconservador Tea Party que argumentó que estaba diseñada para acallarles y, por tanto, viola la Primera Enmienda.

Entre los casos implicados destacó el de Andrew Cilek, el director ejecutivo de la organización, que no pudo votar porque llevaba una camiseta con la bandera amarilla de Gadsden, utilizada en la Guerra de Independencia y con el mensaje "Don't Tread on Me" (No me pisotees) y una serpiente de cascabel en espiral.

Esa bandera ha sido usada en los últimos años por grupos contrarios a la intervención gubernamental, como el Tea Party, un símbolo que se sumó a una chapa que portaba Cilek con el mensaje "Please I.D. Me" ("Por favor, pida mi carné").

Este eslogan es empleado por grupos conservadores para expresar su apoyo a las leyes de algunos estados que obligan a los ciudadanos a identificarse con un documento que incluya una fotografía a la hora de votar, ya que en algunos lugares no se requiere este tipo de identificaciones.

Los defensores de esas leyes argumentan que evitan fraudes, pero sus opositores aseguran que, en realidad, buscan impedir el voto de los pobres y las minorías, ya que esos sectores poseen carnés de conducir en menores proporciones debido a las dificultades para permitirse el pago de un vehículo.